La jornada de protesta de la Confederación General del Trabajo que comenzará con un cese de actividades a partir de las 12:00 del miércoles 24 de enero, con movilización y concentración frente al Congreso, va ganando músculo, con las adhesiones de las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores), organizaciones sociales y políticas.
País21 de enero de 2024 iProfesional
La tensión entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT) en su conjunto crece día a día. En tiempos electorales, Javier Milei consideraba que los sindicatos no eran el problema de la Argentina. Quizás, alentado por el ala más dura del Gabinete, parece decidido a emprender una guerra (con pronóstico reservado) contra la dirigencia gremial. Para ello, puso a sus "halcones" a combatir al paro y movilización dispuesto por la central obrera para el miércoles próximo.
Militando contra el derecho a huelga están la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Para ratificar el modelo antisindical, en los últimos días se sumaron dos referentes del espacio dialoguista, los ministros Guillermo Francos (Interior) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).
En tanto, la jornada de protesta de CGT, que comenzará con un cese de actividades a partir de las 12:00 del miércoles 24 de enero, con movilización y concentración frente al Congreso, va ganando músculo, con las adhesiones de las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores), organizaciones sociales, políticas y espacios que van de la cultura hasta inquilinos, descontentos tanto con el DNU como con la Ley Omnibus.
La central obrera se convirtió en el ariete contra las políticas libertarias, ante un peronismo ausente (el titular del PJ, Alberto Fernández se autoexilió en España, no renunció y ni siquiera convocó a una renovación), el kirchnerismo está agazapado en la provincia de Buenos Aires y los gobernadores justicialistas presionados por el Ejecutivo nacional.
El triunvirato compuesto Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, con el resto del consejo directivo, está "aceitado como nunca", expresó una fuente, que destacó: "La estrategia del gobierno es tan mala que, un potencial aliado como Luis Barrionuevo anunció su respaldo a la huelga y marcha, y cuestiona a Milei, porque dice que lo está manejando la casta que tanto criticó".
Como dijo Moyano, la CGT es el "muro de contención" contra la reforma laboral que propone Milei. Fuentes de la central sostienen que el disparador fueron los primeros cacerolazos, donde se reclamaba la acción gremial. Agregan que "la decisión de plantear un plan de lucha que, en una primera etapa termina con la huelga por 12 horas y la marcha al Parlamento, fue entendida y aceptada por la mayoría de la sociedad, que se ve afectada por el DNU".
Pero, el protagonismo no solo se logró por las protestas, como la manifestación que se realizó a Tribunales, sino por las reuniones con los bloques legislativos, los gobernadores y la relación con otras centrales y partidos políticos, como la Izquierda. En estos encuentros, es donde se fortalece la movilización, factor determinante del éxito en la disputa con el Gobierno. Algunos dirigentes, como el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, pronosticaron "un millón de trabajadores y trabajadoras en la marcha". Con la mitad, la CGT se dará por satisfecha para continuar con el objetivo de "voltear" tanto al DNU como la ley ómnibus, sobre todo en lo referido a la legislación laboral.
En paralelo, la CGT está alentando a gremios y otros sectores de la producción a presentar sus propios amparos. Hasta ahora, la justicia le ha dado la razón, mientras espera el pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema de Justicia. Para ello, cuentan con Julio Piumato, el secretario General del gremio de Judiciales, que conoce como pocos los humores de los miembros del Alto Tribunal.
Por otro lado, el lunes y martes próximos habrá reuniones para trazar la logística de la marcha al Congreso. Se coordinará con cada organización gremial el lugar de concentración y la modalidad de marcha, bajo estrictos controles para evitar infiltrados. Un histórico organizador explicó a iProfesional: "Sabemos cómo actúa Bullrich, que va a inundar las calles de efectivos de seguridad, por eso pedimos cuidado y evitar las provocaciones".
Agregó que "el protocolo antipiquete como las multas son provocaciones de un Gobierno que busca alinear a la sociedad a fuerza de represión". Los organizadores también están pensando en armar grupos de 5 o 10 delegados que recorran la zona del Congreso temprano para hacer un "reconocimiento del escenario".
Con todo irónico, advirtieron: "No vaya a ser cosa que dejen unos volquetes con unos 14 millones de piedras y la historia se repita…", recordando el tratamiento de la reforma jubilatoria en tiempos de Mauricio Macri, con Bullrich también al frente de Seguridad y un plan que reprimió desde jubilados hasta legisladores.
En la semana, el oficialismo buscó agrietar aún más a la sociedad, dividiendo entre buenos a los que apoyan al Gobierno y malos a los que van al paro. Bullrich avisó que aplicará con todo rigor el protocolo antipiquetes. Fiel a su discurso de campaña presidencial, relató que "las oligarquías defienden sus intereses. Hay que dar una pelea de vida o muerte" y volvió a reclamar "orden en las calles".
Para amedrentar al personal de la administración pública, Adorni anunció en más de dos intervenciones que serán descontados los días de paro y aprovechó para chicanear a los gremialistas: "Seguimos esperando los argumentos del porqué del paro, que no nos terminan de quedar claro".
Añadió que "al menos, las explicaciones que han dado son casi infantiles, esto de ‘es para voltear tal o cual cosa’ no lo entendemos". Indicó: "Escuché al hijo de Hugo Moyano decir que el país está funcionando y que no era necesario el DNU ni la ley... Hay que ver qué considera él lo que es un país funcionando o para quiénes funciona ese país que él describe o ve con aparente claridad. No, la Argentina no está funcionando, o al menos no está funcionando para la gente de bien, para la gente de trabajo que se esfuerza y para los argentinos que quieren vivir en un país mejor".
Adorni reiteró que existe una línea - la 134 - para denunciar si alguien "obliga" a parar, como antes intentaban reunir denuncias contra los movimientos sociales por "obligar" a manifestarse y agregó que "en cuanto a lo jurídico, llegado el caso habrá novedades".
A propósito de lo judicial, Cúneo Libarona advirtió de que podrían declarar ilegal el paro y accionar legalmente contra quienes participen de la movilización. Reveló que el tema fue tratado en el asado que se realizó en la quinta presidencial, antes del viaje de Milei a Davos.
El titular del Ministerio de Justicia manifestó que "es ilegal la huelga porque no hay fundamento", desconociendo el rechazo de las centrales tanto al DNU como a la ley omnibus, pero justificó su postura bajo la figura de "daños y perjuicios a quien promovió el paro ilegal. Nosotros no vamos a vivir detrás de la extorsión. Frente a la extorsión vamos a ir a la Justicia".
En esa misma línea, se manifestó Francos, quien calificó como "político" al paro y ratificó que se descontará el día a los trabajadores estatales que participen, habilitando al sector privado a que siga en la misma línea, lo que provocará más conflictividad. El ministro del Interior era el que se mostraba más dialoguista con el sindicalismo, pero, desde la Casa Rosada, le bajaron las intenciones, siguiendo la frase de Milei "nada se negocia".
Francos sostuvo que "hacerle un paro a un Presidente que recién comienza no tiene justificación. Creo que siempre hay oportunidades de dialogar" y explicó que "si seguimos con la legislación actual, que hace que un empresario pyme dude de tomar un empleado, porque si lo toma puede quebrar ante un juicio laboral, estamos perdidos".
El ministerio de Capital Humano, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, informó la caída en el índice la pobreza. A la misma cifra arribó el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que también estimó la indigencia en 8,5%.
Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el decreto que establece como días no laborables al 24 y 31 de diciembre para los estatales.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el regreso del servicio cívico voluntario en 11 ciudades, dirigido a jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan (los llamados “ni-ni”), con el objetivo de “sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga”.
Especialistas y organizaciones advierten sobre los riesgos de esta decisión: un 30% de suicidios en varones de 18 a 24 años son con armas de fuego, y podría darse un aumento del mercado ilegal.
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