El Poder Ejecutivo reglamentó seis artículos de la Ley N° 14.191 que dispuso la creación del "Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos" y dependerá de la Dirección Provincial de Registro de Desarmaderos de Automotores, chatarrerías, Comercio de compraventa de repuestos usados y de compraventa de bienes usados no registrables (RE.DE) que funciona en el Ministerio de Gobierno.
Provincia 21 de julio de 2023 El Litoral de Santa Fe
El objetivo de la norma es poner fin a los robos de cables de empresas de servicios públicos así como elementos de cobre de dispositivos de seguridad de medidores de esas mismas empresas e incluso de viviendas particulares.
El texto sancionado (art. 2) entiende por metales no ferrosos "a todos los metales que no son hierro y a sus aleaciones, donde éste es componente principal, conforme la siguiente enumeración no taxativa: cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto; cromo; molibdeno; titanio; tantalio; niobio; tungsteno; cerio; aleaciones de aluminio-cobre; aluminio-manganeso; aluminio-silicio; aluminio-magnesio-silicio; aluminio-zinc; bronces al estaño; bronces al plomo; bronces al aluminio; bronces al silicio; bronces al berilio; latón blando, duro y semiduro; antimonio, entre otros".
La mencionada ley fue sancionada en marzo de este año y fue fruto de un trabajo llevado adelante por la Cámara de Diputados que realizó audiencias en las cinco cabeceras judiciales para discutir proyectos de Oscar Martínez (Frente Renovador) y Lionella Cattallini (PS). Fue en esas audiencias donde empresas de servicios públicos (Telecom, EPE, Litoral Gas, ASSA y servidoras de cables) fueron dando precisiones sobre los daños sufridos en la vía pública y en la prestación de los servicios por los robos padecidos en sus líneas o en sus medidores. Se discutió también la cadena de comercialización originada a raíz del robo en la vía pública. En la audiencia en esta capital, el entonces fiscal regional, Carlos Arietti, llegó a hablar de cientos de negocios no habilitados en la zona de La Capital.
Diputados votó el tema antes del receso del año pasado y el Poder Ejecutivo lo incluyó en Extraordinarias de principios de año y el Senado lo terminó de sancionar en febrero pasado.
Según la reglamentación, el nuevo registro dependerá de la Dirección Provincial de Registro de Desarmaderos de Automotores, chatarrerías, Comercio de compraventa de repuestos usados y de compraventa de bienes usados no registrables (RE.DE) que funciona en el Ministerio de Gobierno y cuyo titular es Mauro Decándido, ex intendente de Carcarañá.
Si bien la nueva norma crea el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos "en el cual deberán inscribirse las personas humanas o jurídicas que realicen actividades de carácter comercial o industrial, sea como actividad principal o accesoria, en forma permanente o eventual con metales no ferrosos", la reglamentación pone ese organismo dentro del RE.DE que viene funcionando desde hace varios años. Pero también dispone que las municipalidades y comunas deberán ajustar los procedimientos de habilitación a ese tipo de establecimientos al registro que ya viene funcionando.
El otro aspecto reglamentado es el referido a la inspección, control y eventuales clausuras. La decisión del Ejecutivo es que la tarea sea coordinada por la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Gobierno pero en el marco de la llamada mesa de coordinación interinstitucional prevista por la misma ley, pero también realizados los operativos por personal del RE.DE. con el apoyo de las fuerzas de seguridad e inmediata intervención del Ministerio Público de la Acusación.
La mesa de coordinación interinstitucional tendrá representantes de los ministerios de Gobierno, Seguridad y de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat aunque coordinada por el titular del RE.DE que determinará a propuesta de los integrantes de la misma, las acciones especificas y responsabilidades de los organismos que la conforman. Prevé además que cuando la naturaleza de los asuntos a considerar lo hiciera necesario convocará a legisladores provinciales, otros ministros, secretarios, a las máximas autoridades de los organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado Provincial, a integrantes del Poder Judicial de la Provincia, a las autoridades superiores del MPA, a intendentes, presidentes comunales y organizaciones de la sociedad civil.
Por último, la reglamentación faculta al ministerio de Gobierno a celebrar convenios con organismos especializados, universidades públicas y privadas y asociaciones de la sociedad civil para realizar de manera conjunta actividades, capacitaciones y proyectos que tengan como objeto concientizar y contribuir a la prevención en la comisión de delitos contra la propiedad cuyo objeto sean los materiales no ferrosos.
Sobre fines de 2003, la Legislatura dictó la Ley Nº 12243 que creó el Registro Provincial Único de Desarmaderos de Automotores (automóviles, vehículos utilitarios livianos, ómnibus, camiones, tractores, chasis con motor, remolques y semiremolques, carrocerías, motos y motonetas), chatarrerías y comercios de compraventa de repuestos usados. La norma indicaba claramente que el objeto fijado era "controlar, fiscalizar y monitorear el destino que se le confiere a los bienes enunciados", en vista del delito que crecía en esos años que era el robo de ese tipo de vehículos para introducir autopartes en el mercado.
Ahora se apunta a cortar el circuito ilegal de metales no ferrosos. Ese tipo de robos deja incomunicadas zonas de ciudades por robos de cables de telefonía, de internet o de televisión por cable, pero también afecta medidores de ASSA y de Litoral Gas, según denunciadas escuchadas en Legislatura.
Fue en la ciudad de Buenos Aires, tras una reunión del gobernador Pullaro y el jefe de Gabinete. Se determinó qué obras serán finalizadas y financiadas por Nación y cuáles serán traspasadas al Gobierno provincial para su terminación. La duplicación de calzada en Ruta Nacional 34 está dentro del acuerdo.
La Legislatura brindó un amplio respaldo político a la búsqueda de herramientas para revertir el millonario déficit de la Caja de Jubilaciones provincial.
La vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, encabezan una gira por Europa, con una intensa agenda de reuniones en busca de financiamiento para el desarrollo económico, social y de infraestructura.
En un sólo día, se registraron 4.811 interesados para acceder a las líneas de crédito que ofrecen la Provincia y el Banco Municipal. Se trata de cuatro opciones diferentes por 60.000 millones de pesos destinados para acceso a la vivienda o para obras.
Se puede acceder a las boletas en la web de la Provincia y pagarlas de manera electrónica. Para abonar de manera presencial no es necesaria la boleta en papel, solo el DNI. El objetivo es reducir el uso de papel y priorizar los medios digitales.
En el marco del apoyo del Gobierno provincial a instituciones de la sociedad civil, se entregó un nuevo camión de control de incendios forestales y equipamiento a la entidad con sede en Gálvez.
El informe solicitado por el intendente Pinotti y elaborado por profesionales externos al Municipio, concluye que en la anterior administración municipal, se utilizó la recaudación de los adjudicatarios de los lotes para cubrir gastos varios que no estaban relacionados con el desarrollo urbanístico. A diciembre del año pasado, la disponibilidad de dinero en las cuentas específicas debió ser de 286.486.397 pesos. Pero solo hay $1.977.375.
Gestionados por la Casa del Emprendedor de Sunchales, se destinarán a financiar un emprendimiento de producción lechera de Colonia Tacurales, mientras que el restante es para un proyecto textil.
En la noche del viernes, el Bicho Verde se impuso 89 a 57 a 9 de Julio cumpliendo la sexta fecha del torneo ACBOS – ARB,. En tanto, los Tigres cayeron ajustadamente 65 a 63 en su visita a Juventud Unida de Cañada Rosquín.
El bote fue sustraído de un galpón en el distrito rural de Tacural. Tras realizar tareas investigativas, personal policial determinó que se encontraba estacionada en una vivienda de calle J. Roca al 600 de nuestra ciudad.
La medida cautelar fue resuelta por el juez Nicolás Stegmayer a partir de un requerimiento del fiscal Martín Castellano en una audiencia que se llevó a cabo este sábado, a la mañana, en los tribunales rafaelinos. El imputado identificado como Gaspar Santiago P. tiene 31 años y se le endilgó haber intentado dar muerte a un hombre mediante la utilización de un arma de fuego.
