En ese marco, la provincia recibirá $ 3.476 millones en efectivo, que son los que corresponden a los vencimientos operados entre la fecha de homologación del acuerdo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la fecha de entrega de los títulos.

Del total de los bonos y recursos en efectivo que la provincia de Santa Fe recibió en concepto de pago de deuda, el 13,43% se coparticipa a los gobiernos locales.

El acuerdo entre Nación y Provincia fue firmado el pasado 29 de junio, en tanto que fue homologado el último 6 de septiembre por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se cerró así la discusión por el cumplimiento del fallo del máximo tribunal que en 2015 declaró inconstitucional la detracción del 15% de coparticipación para financiar a la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés).

El pleito se inició cuando la provincia decidió renovar un capítulo de los pactos federales firmados en los 90, por el cual se cedía un 15% de la masa coparticipable para financiar el sistema de seguridad social. El reclamo administrativo para que cese esa detracción fue realizado por el ex gobernador Jorge Obeid. Ante la falta de respuesta, fue su sucesor, el socialista Hermes Binner quien presentó una demanda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2015, el máximo tribunal falló a favor de la provincia. Ordenó cesar el descuento y abrir una instancia de negociación por la deuda generada durante el reclamo, que en ese momento sumaba $ 86 mil millones.

Luego de una larga secuencia de negociaciones y discusiones en la Justicia, el 29 de junio pasado el presidente Alberto Fernández firmó con Perotti el acuerdo para saldar esa deuda histórica. El mandatario cumplió así una promesa de campaña realizada en Rosario en 2019.

El gobierno nacional pagará la deuda con bonos y letras ajustadas por inflación, que vencerán en forma escalonada a los largo de diez años. Con una duración promedio de 3,5 años por instrumento, el Estado santafesino recibirá en los primeros dos años unos $ 50 mil millones.

Este cobro será coparticipado a municipios y comunas, y tendrá como destino el financiamiento de gasto de capital. Los activos son transferibles pero, según explicó en su momento el ministro de Economía, Walter Agosto, la idea no es venderlos sino capturar los pagos que devengarán, en la mayoría de los casos, dos veces al año.

Los títulos de plazo mayor al año pagan, además, una tasa de interés que oscila, según el plazo, entre el 1,45% y el 2,5%. En los primeros dos años la provincia va a cobrar $ 50 mil millones. Es decir que en el 20% del tiempo va a ingresar el 34% de la deuda. En cuatro años (40% del tiempo), un 55%. Y en seis años (60% del período), el 73%. “Se prioriza un flujo anticipado de fondos, que no sólo va a recibir el gobierno provincial sino los municipios y comunas”, agregó Agosto durante la conferencia de prensa que ofreció poco después de la firma del acuerdo.

Los municipios y comunas percibirán los títulos y el flujo de fondos en las mismas condiciones que la provincia. De acuerdo a los ratios de la ley de coparticipación, se distribuirán $ 21.600 millones. De ese monto se van a detraer a 91 municipios los fondos que fueron adelantados para obras por la administración anterior, lo que da un flujo de $ 18.477 millones para los gobiernos locales.

El destino de los fondos será la financiación de gastos de capital, sea inversión real directa o equipamiento. También se podrán usar para cancelar créditos tomados para hacer obras. El gobernador dijo que el listado de obras a financiar no es distinto al de las que ya se expresan en el presupuesto provincial. Una de las prioridades será acelerar la ejecución del plan Incluir. Los bonos quedarán resguardados en cuentas comitentes y los gobiernos locales la tendrán a disposición. Entre distintas alternativas, podrían ser utilizados como garantía para obtener financiamiento de proyectos de inversión o pagar a los contratistas que acepten esos títulos.