En la Sesión del jueves 31 de marzo, el Concejo Municipal en pleno acompañó una iniciativa presentada por la concejala Andrea Ochat, solicitando al Gobierno provincial que revea la medida de observación al cargo docente interino del CENPA (Centro de Educación Nivel Primario Adultos) N° 18, Anexo 9, de Sunchales. 

El pedido está destinado específicamente al Ministerio de Educación, en particular a la Dirección Provincial de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, y se sustenta en “que la entidad cuenta en la actualidad con dos cargos para 28 estudiantes (solo uno titular), entre ellos alumnos en proyecto de integración con escuelas especiales, y que frente a la posibilidad de que un cargo se pierda, corre serio riesgo el  pleno derecho de acceder a una educación de calidad”. 

El Cuerpo Legislativo también solicita que se contemplen las características y necesidades particulares de alumnos y alumnas de la modalidad al evaluar medidas y políticas educativas,  y en particular de este CENPA, ya que son parte de una población mayoritariamente vulnerable y cuya inserción laboral y social depende en gran medida de la continuidad de sus estudios.

La Minuta de Comunicación aprobada finaliza con el pedido de  un informe sobre los criterios que sustentan la exigencia de un mínimo de 35 alumnos para la continuidad y titularización de los cargos docentes interinos.

Fundamentos 

El CENPA N° 18 cuenta hoy  con 28 alumnos,  entre ellos alumnos en proyecto de integración con escuelas especiales, más los que se sumen a partir de la convocatoria de la Municipalidad en el marzo de la Ordenanza N° 2992, norma que establece medidas de promoción para que los agentes municipales completen su escolaridad. 

Todos forman parte de la organización dividida en tres niveles y dos cargos docentes, uno de ellos interino y en peligro,  por la exigencia del Ministerio de Educación de contar con mayor cantidad de concurrentes. Nos preguntamos si es posible cumplir con estas exigencias y brindar calidad educativa en las condiciones que se exigen.

Nos preguntamos también si es una política o una estrategia pedagógica poner en riesgo las trayectorias escolares de alumnos y alumnas,  exigiendo cumplir con grandes cantidades por docente, cuando además se trata de una modalidad que requiere de la atención personalizada y de construcción del vínculo pedagógico tanto o más que otras modalidades. 

De concretarse el recorte de cargos, un único docente debe atender a 28 alumnos con sus características y necesidades específicas, con personas que han tenido poco o nulo contacto con la experiencia escolar y cuyo desarrollo de herramientas y autonomía frente al aprendizaje requiere de andamiajes que implican gran presencia docente. 

En educación de adultos se construye entre alumno y docente un vínculo especial que, como en toda experiencia educativa, es la base de la continuidad y de los avances de las trayectorias. Para ello se requiere de tiempo y  de verdadera presencia docente. No podemos permitir que se recargue sobre un único docente esta responsabilidad, como tampoco podemos permitir que se ponga en riesgo la calidad y continuidad de los aprendizajes y el futuro de esta población.

La Ley de Educación Nacional N° 26206 es la legislación argentina que regula el derecho de enseñar y aprender en todo el territorio nacional. En ella queda establecido que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. La política educativa provincial debe enmarcarse en estos conceptos y garantizar el acceso a la educación, la permanencia y el egreso. La toma de medidas de este tenor atenta contra los derechos de las personas y las posibilidades de desarrollo de una sociedad justa e inclusiva.