El Ministro de Economía Walter Agosto se quejó de la falta de aprobación del presupuesto en Legislatura: "Cuando no hay presupuesto, no hay hoja de ruta", refunfuñó. Explicó que “hay una serie de imposibilidades, de restricciones para reconducir partidas y poder aplicar los incrementos que estaban previsto para este año y no estaban previstos el año pasado”.

Según pudimos saber, para el jueves 10 fue convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el radical Fabián Palo Oliver para reanudar la discusión sobre el presupuesto 2022. Recordemos que el Poder Ejecutivo (Walter Agosto) no respondió el amplio petitorio que le dejaron los diputados radicales y socialistas, cuando el funcionario estuvo hace una semana antes del tratamiento del mismo que finalmente no se produjo allá sobre fines de diciembre del 2021. Finalmente la oposición optó por “cajonear” el presupuesto 2022 hasta este febrero, cuando se reanuden las sesiones extraordinarias, siempre y cuando se reanude el diálogo político con el Poder Ejecutivo, según advirtieron y se esperanzaron los distintos oradores de la oposición radical – socialista.

Entre lo solicitado al Ministro Agosto – que según la oposición nunca respondió – se destacan las deudas en concepto de Obras Menores, como tampoco las precisiones solicitadas acerca de las transferencias para gastos corrientes del año 2021.

La oposición criticó asimismo que no recibieron información sobre las transferencias de los proyectos ya tramitados del Plan Incluir, al que además le agregaron un presupuesto para el 2022 de 6.000 millones de pesos.

También consideraron que el Poder Ejecutivo debería elaborar un programa que compense a las Ciudades de Santa Fe y Gran Santa Fe, Rosario y Gran Rosario, por la disminución en términos reales del fondo de conurbano, considerando razonable asignar a dichos gobiernos locales un monto de 3.000 millones de pesos anuales a partir de 2022 ajustables por inflación. 

Otra cuestión reclamada es el destino que darán los Municipios y Comunas de la Provincia a los fondos que reciban por los pagos que el Estado Nacional efectúe a la provincia por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 24 de noviembre de 2015 y 7 de diciembre de 2021.