El gobierno sigue cargando cuarentena en el tanque

Los editorialistas y analistas políticos, caso el consultor Lucas Romero, presumen que el gobierno sigue cargando el tanque con más cuarentena, ganando tiempo para que se dilaten hasta desaparecer las causas judiciales
de la Vicepresidente Cristina Fernández; o tiende a consolidar un régimen autoritario al estilo venezolano.

El deslucido semblante del Presidente en la noche del sábado no parecería confirmar esas suposiciones, más bien todo lo contrario: el COVID-19 terminó de escorar el barco económico que venía averiado. En Santa Fe, el Gobernador Perotti puede mostrar una Provincia “viralmente controlada”, con más del 80% de la actividad económica en marcha al decir del Ministro de la Producción Daniel Costamagna, lo cual de manera aleatoria
lo arrincona socialmente: la gente quiere salir de sus casas no sólo para ir a trabajar, sino con la familia.

Hubo un ida y vuelta de decretos hasta que finalmente primó el sentido común, y con formales restricciones de dudoso cumplimiento estricto, se autorizaron las “salidas recreativas” durante este fin de semana largo a manera de “test match”. Un detalle no menor, el hastío social puede desbordar por el lugar menos pensado; y es mejor tenerlo bajo “gravedad controlada”.

Mientras tanto, el gobierno provincial aún tiene materias pendientes pre pandemia como la seguridad (o inseguridad) y el equilibrio político con el peronismo, que no para de enviarle señales desde el Parlamento. Y post pandemia, la reactivación de la obra pública.

El campo: ¿otra vez objetivo político?
En su afán por “colaborar” con la gestión, los diputados peronistas Luis Rubeo y Leandro Busatto ingresaron dos proyectos de Ley idealistamente progresistas relacionados con el sensible sector agropecuario, que difícilmente vean la luz, y le cargan las tintas a la cartera del Ministro Costamagna, de fina sintonía con el campo.

Mientras Rubeo pretende llevar del 2% al 4% la alícuota de ingresos brutos a las industrias transformadoras de cereales y oleaginosas (no a la exportación como brega el Diputado Del Frade); Busatto ahonda en lo ideológico, al pretender aplicarle un “adicional del Inmobiliario para los propietarios de grandes extensiones rurales”, a la vez que propone la “desgravación del 50% del Impuesto Inmobiliario para las chacras mixtas y los agricultores familiar”.

El proyecto de Busatto combina una reducción del 50% del impuesto con un adicional por "Latifundista" (hay que reconocerle su postura frontal, sin eufemismos edulcorados ni culposos como "Grandes Propietarios Rurales") dando una imagen de darle progresividad al sistema de forma simétrica, bajando el impuesto a los más chicos y subiéndoselo a los grandes, aunque en la práctica sería mucho más el aumento que la reducción.

Un especialista que se desempeñara en el área tributaria provincial, nos hizo notar que los supuestamente beneficiados, ya algunos gozan de un descuento del 10% aplicado por segundo año, y para gozar de este nuevo
descuento deberían reunir una serie de requisitos, tales como no superar la unidad económica, ser explotado personalmente por los dueños y tener agricultura más ganadería.

En cuanto a los aumentos, se trata de aplicar un coeficiente que en algunos casos lleva a que ese adicional triplique el propio impuesto inmobiliario, de acuerdo con una tabla de coeficientes que se aplicaría para el “adicional por latifundio”, según las hectáreas y si se explota el predio propio o se alquila.

La entidad gremial CARSFE a través de su secretario Ignacio Mántaras, señala que este proyecto pretende alterar la Ley Impositiva Anual aprobada por la Legislatura, mientras que los objetivos perseguidos ya están contemplados en las leyes impositivas desde el año 2012 a la fecha.

Recuérdese que el llamado "Adicional Grandes Propietarios Rurales" fue el que se aplicó durante la gestión de Antonio Bonfatti, y que a partir de ahí la relación con las entidades del agro no tuvo retorno.

El reinicio de la obra pública aún es incierto
En cuanto a la obra pública, si bien la Ministra de Infraestructura Silvina Frana es optimista en cuanto a la resolución de las acreencias con los contratistas, éstos no destilan mucho optimismo que digamos; más bien todo lo contrario. La oferta de pago con títulos públicos y cheques de pago diferido no termina de convencerlos, y más bien observan un horizonte de quiebras y concursos.

Política, religión y ética
Finalmente, el adelanto de la semana pasada relacionado con un caso jurídico-político que tendría su epicentro en la Cámara de Diputados se plasmó en una denuncia judicial ante el MPA de Reconquista, cuyo fiscal interviniente la derivó a esta capital, por parte de un ex asesor de dos Diputados provinciales (Nicolás Mayoraz y Natalia Armas) quien dice haber sido coaccionado por uno de los legisladores, para que retorne el 50% del haber percibido, lo cual no se concretó. El denunciante Emiliano Peralta, quien asegura tener todas las pruebas del caso, aclara precisamente que la denuncia se caratulará como “tentativa”.

Al haber sido Emiliano Peralta el primer diputado suplente una vez culminada las elecciones de la lista patrocinada por Amalia Granata (quedó en séptimo lugar y Granata coló seis), ésta salió a aclarar que el denunciante no pertenecía a su bloque al momento de realizar la denuncia, sino a la nueva bancada Somos Vida y Familia que preside Nicolás Mayoraz junto a Natalia Armas (quienes atribuyen el hecho a “oscuros intereses políticos) y los evangélicos Walter Ghione y Juan Algañaraz, que mediante un comunicado “deslindaron responsabilidades”.

Dimes y diretes en medio de una pandemia mundial que es probable cambie – o no – el mundo tal como lo conocíamos; mientras aguaramos que el 2021 se “instale sin virus”, porque el software 2020 vino infectado desde el Oriente.