Proyecto para restringir a los deudores alimentarios el otorgamiento y renovación del carné de conducir

El diputado Omar Martínez presentó ante la Legislatura Provincial un proyecto de ley a través del cual se busca optimizar el funcionamiento del Registro de Deudor Alimentario que está vigente en la Provincia desde hace 13 años.

Por tal motivo, presentó una norma para modificar la ley 11.945, a través de la cual los organismos públicos - provinciales y locales - no den curso a una serie de trámites o solicitudes sin el informe correspondiente del Registro de Deudores Alimentarios Morosos con el "libre deuda registrada". Se destaca, entre otros, la solicitud de licencia de conductor o su renovación. Asimismo, en cada caso particular, el juez interviniente podrá disponer el impedimento de salida del país del deudor alimentario, hasta tanto cumpla con la cuota alimentaria impuesta.

“Se han cumplidos trece años de la implementación en nuestra provincia del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Es necesario realizar ciertas reformas tendientes a fortalecer y reforzar la implementación de esta herramienta” fundamentó Martínez: “si bien Santa Fe fue una de las pioneras en contar con este registro que es importante para la lucha contra la vulneración del derecho de los niños, niñas y adolescentes; en la práctica es necesario revalidar su implementación” continuó el legislador.

La norma destaca también que el juez o tribunal competente podrá autorizar la expedición de los tramites si se hubiera probado que son imprescindibles para satisfacer las cuotas fijadas a favor de los acreedores alimentarios. En tal caso, la licencia de conductor se otorgará provisoriamente por sesenta días, con la obligación de regularizar su situación dentro de dicho plazo para obtener la definitiva.

La Ley vigente busca hacer efectiva la Convención de los Derechos del Niño y entre sus finalidades es sancionar el incumplimiento alimentario y persuadir a los deudores para que cumplan con su obligación. “Esta reforma busca fortalecer los mecanismos que hacen a la utilidad de la información reclutada en dicho registro” agregó Martínez.

En tal sentido, instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aseguran que el Estado debe garantizar “el principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo· que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres, o en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño." También la Ley Nacional Nº 26.061 "Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes" expresa claramente que "la familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. No hay razón que exima a los progenitores del cumplimiento de la obligación asignada en relación a sus hijos, ya que estaría perjudicándolos y violando el ejercicio de sus derechos.

Así, para finalizar, Martínez destacó “Con los cambios propuestos, se busca tomar la experiencia que dio la práctica de todos estos años de funcionamiento del actual registro, para buscar la optimización de la herramienta”.

PROYECTO DE LEY
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