Es oficial: El premio de asistencia perfecta se dará también a los preceptores

El gobierno provincial oficializó la incorporación de secretarios, prosecretarios, jefes de preceptores y preceptores al plan de incentivo a la asistencia perfecta, un beneficio que ya perciben los docentes de escuelas públicas y privadas. La medida quedó formalizada a través del Decreto Nº 0512/25, publicado en el Boletín Oficial el miércoles 26 de marzo.

Según la normativa, el cobro del incentivo comenzará a regir desde el 1° de marzo y se abonará en la semana del 20 del mes subsiguiente, luego de la "barrida de sueldo". De esta manera, los trabajadores que cumplan con la asistencia perfecta percibirán el beneficio por primera vez a fines de abril.

"Resulta una medida justa y equitativa, en virtud de la importancia de sus tareas", destaca el texto oficial. De acuerdo con datos del gobierno provincial, la extensión del programa alcanzará a 4.284 trabajadores del sector público y 1.580 del sector privado.

Este incentivo, implementado desde el año pasado para docentes, busca reducir el ausentismo y fortalecer la continuidad pedagógica en las instituciones educativas. Con la inclusión de los preceptores y secretarios, se amplía el alcance del programa a más actores clave del ámbito escolar.

De qué se trata Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula, directivos, secretarias y preceptores que se desempeñan en escuelas de gestión publica y privada. Surgió en 2024 como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permiten reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.

En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.