El Gobierno pidió disculpas tras calificar como “idiotas”, “imbéciles” y “débiles mentales” a las personas con discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de Javier Milei, calificó a personas con distintos grados de discapacidad como “idiotas”, “débiles mentales” e “imbéciles” en una resolución publicada el 14 de enero en el Boletín oficial de la Nación y que tuvo amplia difusión este jueves.

El Gobierno anunció en la tarde de este jueves 27 que finalmente dará marcha atrás con la resolución 187, cuyo Anexo I trascendió en las últimas horas , y generó una gran polémica en el ámbito de la salud mental y la discapacidad.

“Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, explicaron en un comunicado, luego de reconocer que “el 16 de enero del corriente año, la ANDIS publicó en el Boletín Oficial la Resolución 187/2025. Dicha normativa incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados”.

Los términos aparecían en una resolución de la ANDis que definía los criterios médicos para medir la invalidez laboral, requisito dispuesto desde septiembre de 2024 para quienes perciben pensiones no contributivas. Debajo de un apartado titulado “Retardos Mentales”, clasificaba a las personas de “idiota”, “imbécil” o “débil mental”, que puede ser “profundo”, “moderado” o “leve”, según su nivel de discapacidad y determinaba que “le corresponde pensión a los que presentan debilidad mental profunda o mayor”.

Esa nueva clasificación recuperaba un decreto de 1998 de Carlos Menem, en el que se hablaba de “idiotas, imbéciles, débiles mentales profundos, moderados y leves”.

Siete organizaciones argentinas de derechos humanos y que representan a las personas con discapacidad, entre las que se encuentran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), interpusieron el pasado 3 de febrero una reclamación administrativa en la que solicitaron a la ANDis la derogación urgente de la norma “por violar los derechos de las personas con discapacidad”.

En el recurso afirman que la resolución “atenta de modo flagrante contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, (...) poniendo en grave riesgo derechos humanos fundamentales” .

La abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ Agostina Quiroz explicó a EFE que dichas expresiones “reproducen y refuerzan prejuicios históricos que agudizan la discriminación de las personas con discapacidad”. Y consideró que “resulta particularmente problemático que sea el Estado quien recurra a esos discursos, dado que es justamente quien debe combatirlos”. 

Las organizaciones de la sociedad civil señalaron además que el Estado mide la “invalidez” recurriendo a criterios médicos que desconocen “el modelo social de la discapacidad”, tomado por la Convención.

Quiroz afirmó que la resolución reproduce “el modelo médico de la discapacidad, que ya estaba superado por el modelo social”.

“Según este modelo, la discapacidad se entiende como la interacción entre las características de la persona y las barreras presentes en su entorno, por lo que no se pone el foco en ella ni en su 'deficiencia', ni se pretende 'normalizarla' a través de tratamientos médicos (como sí hace el modelo médico), sino que se pone el foco en la comunidad y en el Estado, que deben transformarse para asegurar la participación plena de las personas con discapacidad”, agregó la abogada.

Un comunicado de ACIJ, afirmó que “no hay personas ‘inválidas’ para trabajar, sino que todas pueden hacerlo en la medida que se les proporcionen los apoyos que requieren”.

Sobre el impacto que tiene la medida en la vida de miles de personas con discapacidad en el país, la letrada manifestó: “El lenguaje y los modos en los que nos referimos a las otras personas tienen impactos concretos tanto en lo colectivo (en las políticas, en las prácticas y en las culturas), como en lo individual (en la construcción de identidad de los sujetos)”.

“El hecho de que la Administración pública continúe utilizando estos términos para referirse a determinadas personas genera graves daños a ellas y a sus familias, así como a la sociedad en su conjunto, al reforzar estereotipos y barreras actitudinales que atentan contra la construcción de comunidades más justas e inclusivas”, concluyó.