Dos frentes de conflicto desafían el debut de la reforma previsional en Santa Fe

La conversión en el ley de la reforma previsional el 12 de septiembre pasado, en medio de una tensa sesión en la Cámara baja provincial, mantiene abiertos dos frentes de conflicto: por un lado, legisladores del PJ que denuncian irregularidades en el procedimiento pidieron la versión taquigráfica de la reunión parlamentaria y, por el otro, la Justicia inició formalmente la demanda planteada por el bloque opositor Somos Vida, con una objeción similar a la del peronismo.

En ese sentido, fuentes legislativas confirmaron a La Capital que ya está en marcha la entrega de la versión taquigráfica y del acta de la sesión. Y que este lunes llegarán a manos de los diputados del PJ.

El interbloque justicialista (Celia Arena, Omar Perotti, Lucila De Ponti, Marcos Corach, Alejandra Rodenas, Miguel Rabbia, Verónica Baró Graf, Walter Agosto y Sonia Martorano) había presentado una nota a la presidenta de la Cámara baja, la socialista Clara García (Unidos), para que ponga a disposición de modo “urgente” la versión taquigráfica y el acta de la sesión en la que se votó la reforma jubilatoria por entender que hubo un “proceder viciado”.

Los diputados del PJ consideran clave revisar el proceso que desembocó en la aprobación de la reforma previsional para garantizar el cumplimiento del reglamento de la Cámara baja y, por lo tanto, la legitimidad de la votación y la defensa de los pasivos afectados por la nueva norma.

Paralelamente, sobre el cierre de la semana la jueza Civil y Comercial Romina Kilgelmann formalizó el inicio de la demanda de otro sector de la oposición por la aprobación de la reforma jubilatoria. El Estado provincial tiene tres días hábiles para responder.

La magistrada citó al Ejecutivo para que comparezca en ese plazo fijado por ley, bajo el riesgo de declaración de rebeldía. El fiscal de Estado, Domingo Rondina, responderá a término, deslizaron en la Casa Gris.

Siete días después de la sanción de la reforma previsional en Diputados, el bloque Somos Vida, con Amalia Granata a la cabeza, había realizado una presentación en los Tribunales provinciales de la ciudad de Santa Fe para pedir la inconstitucionalidad de la votación.

El argumento es que la propuesta que hizo el diputado socialista Pablo Farías (Unidos) de alterar el orden de la sesión necesitaba los dos tercios de los presentes, los cuales, según la bancada opositora, no se habrían conseguido.

Cuando promediaba la sesión y ya había expuesto la mayoría de los diputados de los distintos bloques, Farías pidió una moción de orden para interrumpir el debate y votar. Y luego continuar con los discursos porque la tensión en la puerta de la Legislatura iba in crescendo.

En ese momento, la oposición cuestionó el procedimiento y subió la temperatura en el recinto. Todo cerró con 23 votos positivos, nueve negativos y once abstenciones.

Durante la presentación de la demanda, Granata y sus pares de bancada fueron ovacionados en tribunales por empleados y algunos funcionarios judiciales, sector en el que más impacta la nueva ley.

Incluso, el paso de Somos Vida por sede judicial deparó un fugaz encuentro, con una foto viralizada en redes sociales, de Granata con el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, quien mantiene una relación tirante con la Casa Gris.

Los movimientos de la legisladora frente a la reforma jubilatoria y su accidentado debate le permitieron plantarse como una dura contendiente del gobierno de Maximiliano Pullaro, a la vez que dejó al resto del arco opositor en posición defensiva.

Por su parte, el gremio de los trabajadores judiciales se reunió este sábado con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Pero, tras el encuentro matinal, la dirigencia indicó que se fue con "las manos vacías", que solo hubo una promesa de audiencia con el gobernador y que seguirá con su plan de lucha.

Agenda inmediata

Convertida en ley la reforma previsional, el oficialismo apura la agenda de temas estratégicos para el Ejecutivo, entre los que sobresalen los eventuales cambios en la Constitución provincial y la renovación de la Corte.

El tiempo es veloz y antes del 30 de noviembre debería ingresar a la Legislatura el proyecto que declara la necesidad de modificar la Carta Magna de Santa Fe (el año próximo habría que elegir convencionales constituyentes).

Socialistas, radicales y UNO ya diseñaron sus propuestas, pero falta que la coalición oficialista construya un proyecto propio, a elevar luego al peronismo y otras fuerzas de la oposición, que se mantienen en espera con voluntad reformista. Aunque también con reparos a una eventual reelección de Pullaro.

Frente a ese escenario, algunas referencias de Unidos no descartan solicitar al gobernador, siempre y cuando el consenso sea sólido, que incluya la necesidad de la reforma constitucional en el temario de sesiones extraordinarias de la Legislatura. Todo un desafío: Pullaro viene tomando distancia del tema y depositando la chance de modificar la Carta Magna en terreno parlamentario.