El gobierno provincial, a través de la obra social Iapos, les debitó 456 millones de pesos a clínicas y sanatorios de Rosario y otros 31 millones a sus colegas del departamento Castellanos por el corte casi total de servicios que ejecutaron en abril, según pudo saber AIRE.
 
La medida, decidida por el propio gobernador Maximiliano Pullaro, fue operativizada el viernes de la semana pasada. En rigor, se trata de un débito sobre el monto que paga quincenalmente por adelantado la obra social provincial,  equivalente a la restricción de las prestaciones que llevaron adelante las empresas de salud en reclamo de aumento de aranceles.

El débito cayó sobre las tres gerenciadoras de las carteras de Iapos que operan en el departamento Rosario y la única con presencia en el departamento Castellanos. Fue en esas dos jurisdicciones en donde se concretó, de manera explícita, el corte del servicio en abril. Como también continuó parcialmente la suspensión de las prestaciones en mayo, no se descarta en el gobierno la aplicación de otra decisión de igual formato y magnitud.

Aún así, este martes hubo una nueva reunión entre las partes para intentar avanzar en un acuerdo. El espinoso tema del débito surgió previsiblemente en el encuentro y la respuesta oficial fue: los servicios prestados serán pagados. Acercaron posiciones y quedaron en verse las caras otra vez la semana próxima.

Si se observan las palabras previas de los funcionarios provinciales, puede decirse que es una determinación que se veía venir. Días atrás, el ministro de Economía, Pablo Olivares advirtió: “Las prestadoras de salud están cobrando Iapos. No me parece una conducta ética estar cobrando el Iapos, estar discutiendo un incremento de retribución y al mismo tiempo no prestar el servicio. No es ético cobrar por un servicio que no se presta. Primero se interrumpió la atención de los afiliados, siguieron con el reclamo, pero al mismo tiempo siguieron cobrando. Esa es una situación que no puede sostener”.

En la Casa Gris argumentan que el criterio aplicado a gerenciadoras y prestadores es similar al utilizado con los descuentos de días de paro a docentes y estatales. Dicho de manera simplificada: quien no brinda los servicios que paga el Estado, no cobra.

Todo ello se da en un contexto crítico para el Iapos, según la mirada del gobierno provincial. Vale recordar, como publicó oportunamente AIRE, que la gestión administrativa de la obra social pasó a la órbita del ministerio de Economía y es su propio titular quien protagoniza las tensas negociaciones.

En el decreto mediante el cual el gobernador formalizó esa decisión se afirma que el Iapos “ha observado durante el primer trimestre del presente ejercicio un déficit presupuestario que supera el 5% del total de sus recursos en el mismo período, lo cual exige por parte de este Poder Ejecutivo tomar con premura definiciones tendientes a afrontar el déficit y evitar su consolidación de forma tal de no poner en riesgo el sistema de prestaciones médico-asistenciales y de seguridad social de los afiliados”.

Además, el decisorio gubernamental asevera que el “entorno macroeconómico ha influido específicamente en la ecuación de costos de los sistemas de salud a partir del proceso de desregulación iniciado a fines de 2023 y el salto devaluatorio del mes de diciembre de dicho año” y, por lo tanto, el Iapos requiere un abordaje diferenciado que implica no perder de vista su misión central que es garantizar el acceso al derecho a la salud de los empleados y empleadas estatales, pero que además contemple aspectos de gestión que permitan mejorar el desempeño”.