El gremio del sector, Atilra, podría realizar medidas de fuerza tras una reunión en la que Alimentos Refrigerados SA (ARSA), fabricante de los postres y yogures de la marca SanCor, planteó la necesidad de aplicar suspensiones entre sus 550 empleados por el derrumbe de sus ventas.

"En el día de la fecha, autoridades de la compañía mantuvieron una reunión en el Consejo Nacional de Atilra junto a las máximas autoridades de dicho sindicato y a delegados representantes del gremio en nuestras plantas productivas", informó la empresa, en una nota que difundió entre trabajadores, clientes y proveedores.

"Esta reunión, que se llevó a cabo por pedido de la propia empresa, tenía como fin presentar en detalle la crítica situación que la compañía se encuentra atravesando, en la búsqueda de alcanzar consensos con dichas autoridades para poder avanzar en alternativas que permitan, a partir de una reestructuración y reingeniería de los procesos productivos, garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa", indicó.

La nota describió "un contexto sumamente difícil", en el que el "marcado deterioro del poder adquisitivo" condujo a una "gran caída en el consumo en general y de los productos que elabora nuestra compañía, en particular".

"Si bien los postres y yogures que elaboramos son de un alto valor nutritivo, en el contexto descripto, se ven afectados por una readecuación en las elecciones de los consumidores", señaló.

Alguna vez llamada "la última joya" del Grupo Vicentin, ARSA es gerenciada desde hace un año y medio por la venezolana Maralac, una de las principales lácteas de su país. En diciembre, se presentó en concurso preventivo, que la Justicia Comercial abrió en abril. Como informó en su momento este diario, declaró tener 339 acreedores, que suman un pasivo de $ 49.713,7 millones, a los que hay que sumar otros $ 67.354,1 millones eventuales por garantías de deudas de terceros, una herencia de cuando adquirió las líneas de productos de SanCor, en 2016. 

Entre las causas de sus males, apuntó contra los controles de precios que implementó el Gobierno anterior. En especial, el programa Precios Justos, lanzado en plena campaña electoral, que le provocó una fuerte reducción de márgenes, en un contexto de caída de ventas del 30% anual para la empresa.

A ese cuadro, por el congelamiento del consumo que se produjo tras la asunción del actual Gobierno, las ventas de ARSA cayeron entre 30% y 40% adicional en lo que va de 2024.

"Esta situación, lamentablemente, ha empeorado significativamente en los primeros meses del corriente año, haciendo inviable el sostenimiento de la estructura productiva actual, en virtud de lo cual planteamos la ineludible necesidad de prever un determinado porcentaje de suspensiones laborales por un margen de tiempo", explicó el comunicado.

"Esta medida le permitiría a la compañía adecuar la plantilla activa de empleados a los niveles actuales de producción, necesarios para responder al nivel de comercialización y ventas que tienen nuestros productos en el contexto actual", agregó. Remarcó que la intención de la empresa es "reincorporar la mayor cantidad posible de trabajadores, de producirse la recuperación en el nivel de actividad".

Sin embargo, advirtió que, en la reunión, Atilra manifestó un "terminante rechazo" al planteo, "amenazando con la implementación de medidas cuyo resultado, sin duda, no logrará otra consecuencia que agravar la ya crítica situación de la compañía y de los propios trabajadores a los que representan".

ARSA nació en 2016 para relanzar el negocio de postres y yogures de SanCor. En 2019, amplió su portafolio, con la compra de la marca Lechelita. En 2022, último balance anual disponible, ARSA tuvo un 11% de share en el mercado de yogures y un 24% en el de postres. Ese año, facturó $ 16.461,75 millones y ganó $ 5840,7 millones, después de acumular pérdidas en los dos ejercicios anteriores. El 55% de sus ventas fueron yogures y derivados; el 36%, leches y derivados; y el 9%, postres.

Tiene más de 550 empleados entre dos plantas. En Arenaza, provincia de Buenos Aires, produce más de 42.000 toneladas anuales de yogures, postres, leche y quesos. Ahí trabajan 219 personas. En Córdoba, fabrica 97.000 toneladas al año de yogures y crema de leche, con 254 operarios. Allí también tiene un centro logístico, que compró para expandir sus actividades y prestar servicios a terceros. En 2022, esta línea de negocios aportó el 12% de su facturación. Es, hoy, una de las decisiones estratégicas más cuestionadas puertas adentro del holding.

ARSA tampoco fue ajena a la crisis de SanCor. Las dos plantas procesan mensualmente 4,5 millones de litros de leche. La incapacidad de la cooperativa de Sunchales de cumplir con ese volumen de entregas hizo que ARSA buscara otros proveedores, en un contexto de encarecimiento de precios y disminución de oferta por la escasez creciente de materia prima para la industria láctea, debido al continuo intervencionismo en la definición de precios a los productores.

En la presentación de su concurso, ARSA ya se había referido  a un "sobredimensionamiento de su estructura de capital humano" para su escala actual del negocio. Fue, de hecho, una de las principales causas del endeudamiento de los últimos meses, en los que no pudo pagar en tiempo y forma los sueldos.

"La reacción de Atilra fue extrema. Cuando, desde el primer momento, se buscó mantener todas las fuentes de trabajo. De hecho, esto fue una reunión para empezar a hablar sobre cuántos empleados abarcará la suspensión, por cuánto tiempo y qué porcentaje de sus sueldos cobrarán. Ni siquiera fuimos con un número definido", cuentan fuentes cercanas a la empresa.

"Lo cierto es que el único ingreso que tiene ARSA es lo que vende. Cuando estás en concurso, el único ingreso es la caja", subrayan.