La Agencia de Fiscalización y Supervisión Económica tendrá como principal objetivo  analizar exhaustivamente toda la información económica y patrimonial que tienen la provincia y los municipios sobre actividades delictivas que permitan combatir y condenar la corrupción pública y privada.

“Tenemos que cortar con el flujo de financiamiento de las organizaciones criminales que operan en Santa Fe. Necesitamos un Estado eficaz que detecte irregularidades y genere alertas de lavado de activos, un delito que consiste en dar una apariencia de origen legítimo a bienes que son productos de ganancias de delitos graves como la venta de drogas por ejemplo. Con una firme decisión política podemos evitar que el dinero proveniente del narcotráfico ingrese en la economía formal, lo que contribuirá a debilitar a las bandas criminales  y a reducir la violencia que estamos viviendo en Santa Fe”, declaró la diputada provincial Lionella Cattalini (PS)

En este sentido, la diputada socialista sostuvo que “los Estados provinciales y municipales son los que tienen una visión más cercana de la realidad económica y social de sus sociedades, por eso La Agencia no sólo contribuirá a fortalecer la red nacional de lucha contra la criminalidad organizada, incluyendo el lavado de activos y la corrupción pública y privada, sino que también podrá cooperar a nivel nacional e internacional mediante los organismos correspondientes”.

En el marco de este proyecto, Cattalini presentó un pedido de informes ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, a cargo del Dr. Argibay Molina y ante la Cámara Federal de Apelaciones para conocer las causas de lavado de dinero y las investigaciones que se llevaron adelante en los últimos diez años. “Rosario necesita de los tres poderes del Estado trabajando mancomunadamente y en sintonía para poder salir a flote de la profunda crisis de seguridad en la que se encuentra”, concluyó.