Los primeros proyectos aprobados fueron la declaración de emergencia y la adhesión a la ley nacional n° 26.052 de narcomenudeo que permite a las fuerzas provinciales –fiscales y policías– investigar y desmantelar puntos de venta de drogas en pequeñas cantidades. En tanto, la emergencia otorga al gobierno provincial recursos económicos y administrativos para agilizar trámites. También se aprobó este jueves la ley orgánica del Servicio Penitenciario que resguarda los derechos de los trabajadores penitenciarios.

Finalmente, la cuarta ley sancionada es la regulación de gastos reservados para investigaciones criminales complejas que ya había sido aprobada en 2019 y vetada por el ex gobernador Omar Perotti vetó. Se trata con la norma de eliminar la existencia de gastos ocultos y sin rendición y que todos los gastos realizados con fondos del tesoro provincial deban documentarse.

Del total de leyes enviadas por el Ejecutivo, quedan pendientes para el tratamiento la semana próxima otras normas como el fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación, Juicio por jurados y las reformas al Código Procesal Penal.

Las que siguen son las principales afectaciones que el gobierno provincial pretende hacer en el campo de la seguridad pública en caso de que la Legislatura apruebe esta herramienta, y que figuran en el texto presentado a los legisladores.

* Implementar un programa para construir o refaccionar inmuebles destinados a los órganos que integran el sistema de seguridad pública provincial, que incluya la participación de los gobiernos locales en la definición de las necesidades de su uso.

* Rediseñar el sistema de comisarías en las grandes ciudades de la provincia, reemplazándolas por un esquema que garantice un mayor despliegue policial en el territorio y fortalezca las tareas operativas, construyendo la obra pública necesaria. En las dos mayores ciudades se trata del programa de comisarías distritales o estaciones policiales.

* Implementar un programa para obtener espacios de contención o alojamiento de personas víctimas de situaciones violentas.

* Disponer la convocatoria al servicio activo del personal de las fuerzas de seguridad en situación de retiro. La retribución que recibirán estos funcionarios será equivalente al doble del importe que percibían en su calidad de retirados. El Poder Ejecutivo debe confeccionar a su criterio la nómina del personal a convocar.

* Implementar un programa de reparación integral y de mantenimiento de vehículos afectados a la seguridad pública que garantice la reparación rápida de los mismos y la transparencia de los procesos.

* Implementar un plan de adquisición de infraestructura tecnológica aplicada a la Seguridad Pública para incrementar la eficiencia de los procesos de trabajo y mejorar los rendimientos

* Rediseñar los programas de formación de las fuerzas de seguridad, sus contenidos curriculares y atender la problemática de las instituciones encargadas de la capacitación, a fin de mejorar la calidad y la especificidad de la misma.

* Atender la problemática relacionada con la circulación ilegítima de armas de fuego y municiones como medida para la reducción de la violencia, revisando los procesos de trabajo de todos los órganos que se relacionan con esta problemática e incorporando la tecnología necesaria para abordarla de forma rápida y eficiente.

* Impulsar políticas que faciliten el traslado del personal de las fuerzas de seguridad a su lugar de destino. También programas habitacionales tendientes a cubrir necesidades de vivienda.

* Conformar un equipo multidisciplinario de contención y asistencia al personal de las fuerzas de seguridad víctima de accidentes o hechos violentos vinculados al servicio y a sus familias.

* Proveer del equipamiento necesario para dotar a las fuerzas de seguridad de todos los elementos que se requieran para el entrenamiento del personal, y en general, para cumplir eficazmente sus funciones.

* Revisar los procesos administrativos de trabajo de las fuerzas de seguridad con el objetivo de que, las funciones económico-financieras, jurídicas, de gestión del personal, de salud laboral y cualquier otra de apoyo sean realizadas por personal civil.

* Encomendar un proceso de compactación y disposición final de vehículos y motos secuestrados en causas judiciales a fin de que, en un plazo no mayor a 90 días, se defina su situación jurídica y se inicie un proceso de desocupación de los espacios destinados a dependencias de seguridad, los depósitos judiciales y la vía pública.