Adjudican a legislador nacional de Santa Fe haber ordenado investigaciones extrajudiciales

Cualquier investigación de las fuerzas del Ministerio de Seguridad o del Organismo de Investigaciones es a pedido de un juez o un fiscal y con el propio control judicial. Sin embargo, la voz de Marcelo Sain en órdenes analizadas de los teléfonos secuestrados indican otra cosa: "Lo pidió Mirabella"

La adjudicación al ex senador y actual diputado nacional Roberto Mirabella asoma puntualmente sobre los perfilamientos y documentos intercambiados sobre el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, uno de los querellantes en la causa por presuntas investigaciones ilegales y con fines "no institucionales".

Consta que recopilaron información suya y de sus familiares y que buscaron vincularlo delictivamente al ex comisario Alejandro Druetta, que fue jefe en parte de su gestión hasta que fue detenido y condenado por narcotráfico.

Durante varios meses de 2021 Sain se ocupó del tema. Intercambió archivos con la abogada y funcionaria Nadia Schujman como los llamados "Cronología pullaro.pdf" y "Desgrabaciones Druetta-Pullaro-Enrico 2012.pdf".

A partir de eso, audios y textos se difundieron públicamente cuando tenían más de 9 años y ya habían sido desestimados por la Justicia Federal. Como la interpretación es que usaron recursos y analistas del Estado para destruir la reputación pública de Pullaro, radical hoy en Juntos por el Cambio, un juez lo aceptó como parte del proceso.

Lo nuevo en la causa por presuntas investigaciones ilegales es que aparece la orden concreta de Sain en la que habla de una cuestión "política" y no "penal", como él mismo lo presentó a la prensa. "Tenemos que resolver lo de Druetta. Yo tengo que cumplir un mandato político, que es que le pasemos todo lo que tenemos a este tipo para que le haga una denuncia penal a coso", dice Sain en un audio a Schujman.

Sigue: "Yo no soy el abogado penalista ni tenés que ser vos abogada penalista de Malaponte, porque es una cuestión política, no penal". La mención sería al radical Eugenio Malaponte.

Por todo eso, pidió generar "una reunión para que pongamos blanco sobre negro de esto porque me lo pidió (Roberto) Mirabella", en referencia a uno de los legisladores más cercanos a Omar Perotti.

Mientras el caso parece exceder al Ministerio de Seguridad y afectar a otras áreas del Gobierno y del espacio político que lo ejerce, los fiscales Hernández y Jiménez deberán evaluar si Sain usaba el nombre en vano o efectivamente era el brazo ejecutor.

Sain y Schujman fueron notificados sobre la causa pero no están imputados.