“Pensar que esta iniciativa sólo tiene un fin electoral es un error. Esto es mucho más grande y noble. Es limpiar la política y nuestras instituciones, es sentar las bases para escribir un mejor futuro para nuestro país”, expresó Losada en relación a su proyecto de Ley de Ficha Limpia, elaborado junto al senador Dionisio Scarpin, que prevé la inhabilitación de personas para ser candidatos a ocupar cargos públicos electivos a nivel nacional cuando hayan sido condenados en sede penal por delitos dolosos, aún sin existir una sentencia firme.

“La calidad ética y moral de nuestros dirigentes no es un tema menor. No es lo mismo tener candidatas y candidatos con antecedentes, procesamientos o juicios pendientes, que poder consolidar una clase dirigente que, sin importar su ideología o color partidario, no necesite de distinciones morales”.

En línea con los valores propuestos durante su campaña, y contando con el apoyo de distintos protagonistas del arco político, especialistas y la sociedad civil, la senadora por Santa Fe por Juntos por el Cambio, presentó su proyecto que, como en otros casos similares, encontró dura resistencia en el oficialismo.

“Sabemos que el gobierno viene trabando este tipo de iniciativas porque sabe que será una complicación para su agenda y no entiende o le importa el pedido de la sociedad por limpiar nuestra política, nuestras instituciones y nuestros funcionarios”, dijo sobre el proyecto de Ley que tiene como fin subir los estándares de selección de dirigentes y funcionarios y dejar atrás la naturalización de la corrupción.

“Si queremos empezar a construir un futuro mejor para todos los argentinos, necesitamos echar un manto de moralidad al ejercicio de la función pública, darles calidad a las instituciones y a quienes las integran. Por eso creemos que es indispensable que a quienes se los ha encontrado culpables de cometer delitos previstos en la legislación penal estén cautelarmente inhabilitados para ocupar cargos públicos de elección popular”.

Losada hizo hincapié en el uso de la palabra “cautelarmente”, ya que la inhabilitación es de carácter transitoria, ya que pierde efecto cuando deja de existir la condena o se cumple en su totalidad por haberse producido la debida recuperación social que toda condena debe generar para quien la cumple.

Si bien existen voces que argumentan que este tipo de iniciativas atentan contra el principio de inocencia, la senadora replicó que “existiendo la prisión preventiva, legalmente establecida cuando se presume que el imputado puede, en libertad, alterar o dificultar el trabajo de la Justicia, con más razón tendríamos que aplicar la privación del derecho de un individuo a ser candidato a ocupar un cargo público de elección popular si pesa sobre el mismo, una condena de primera instancia”.

“La gente está harta de que la política sea el resguardo de delincuentes, de personas que cumplen una sentencia por corrupción, de personas que al fin y al cabo atentan contra el bienestar general de los argentinos. Impedir que personas con alta sospecha de comisión de delito llegue a conducir los destinos de nuestra Nación es un acto que debe ser considerado de valor patriótico”.