Según se conjetura, en dependencias del Ministerio de Seguridad se recopilaban datos de personalidades santafesinas, (empresarios, políticos, periodistas) sin orden judicial ni elementos que autoricen vulnerar el derecho a la privacidad, lo cual está penalizado por la ley nacional 25.520 que castiga tales actos con prisión, además de resultar incompatible con las prácticas democráticas.

El Gobernador quemó las naves con la oposición – externa e interna – cuando le propuso a la ciudadanía, el día de su asunción, romper con lo que él consideraba un pacto de impunidad entre la política y las mafias organizadas; terminar, dijo con el “pacto de gobernabilidad” directo o indirecto con el delito, señalando solapadamente ante toda la Provincia al gobierno y frente político que se estaba yendo, de mañosas convivencias con integrantes de su propio Partido.

En ese momento el diputado radical Maximiliano Pullaro, – ministro de seguridad durante los cuatro años de Miguel Lifschitz – ya presagiaba el porvenir: “Hubiésemos esperado del discurso del Gobernador una convocatoria similar a la que hizo Alberto Fernández unos minutos antes. Sin embargo eligió reemplazar la propuesta por el agravio y el diagnóstico falaz”, apuntó.

Sain no fue parte de la solución, sino del problema

Hace un par de semanas anticipábamos que para tan noble fin, el Gobernador había elegido a la persona equivocada: Marcelo Sain. Hoy las consecuencias saltan a la vista. 

Sain fue destituido por la legislatura de su cargo como director del Organismo de Investigaciones del MPA por haber violado la Constitución; previamente había presentado su renuncia como ministro de seguridad por agraviantes declaraciones contra la población y la fuerza policial, y acosado por denuncias penales a raíz de una fallida licitación para la compra de armas por 1.400 millones de pesos y otras dudosas licitaciones.

El senador peronista Armando Traferri finalmente terminó denunciando ante la Comisión Bicameral de Acuerdos de la legislatura a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por realizar "espionaje clandestino", guionados supuestamente por Sain, en la causa de juego clandestino donde está siendo investigado.

En el ínterin, la Auditora General del MPA María Cecilia Vranicich y el número dos del Organismo de Investigaciones Víctor Moloeznik,  señalaron a Sain ante la Comisión Bicameral de Acuerdos por haber supuestamente recibido de manera “irregular” (hay una jefa suspendida por ello) información de investigaciones sensibles que llevaba a cabo el organismo. 

Sobre este tema, el propio titular de la Comisión Bicameral de Acuerdos, el diputado radical Fabián Bastía había pedido en ese momento "no naturalizar la gravedad institucional de que se haya llevado información que nunca debió salir del Poder Judicial al poder político".

Ahora, después de los allanamientos llevados a la cabo en el Ministerio de Seguridad sede Rosario, se dilucidará si lo apuntado, tanto por los funcionarios del MPA antes mencionado, como el senador por el Departamento San Lorenzo (y el extinto periodista Mauricio Maronna, quien decía que Sain lo tenía “carpeteado”) estaban en lo cierto.

Lagna, las balaceras y “los porteños”

El ministro de Seguridad Jorge Lagna hacía tiempo que quería armar su propio gabinete ministerial para deshacerse de “los porteños” que había dejado Marcelo Sain, (12 presentaron su renuncia tras el alboroto) y de quienes recelaba hasta el punto de sospechar que le estaban tendiendo una “cama” para desestabilizarlo.

El martes, tres días antes de los allanamientos, desde la Casa Gris ya se había convenido con Marcelo Sain que aquellos funcionarios con los que Lagna no quería saber más nada, irían a formar parte de su equipo junto al Ministro Aníbal Fernández.

Tenso diálogo con la oposición

Mientras tanto, en el entorno del Gobernador intentan bajarle el voltaje al escándalo pidiendo “responsabilidad y prudencia” a la hora de afirmar cuestiones que están reservadamente en la justicia; y por supuesto desconfían de un exagerado alarde “justiciero” por parte de la oposición, para sacarle el mayor jugo político a esta desgraciada cuestión. “Es un delirio intolerable que se anden generalizando alegremente instancias que no tienen nada que ver con la convivencia política e institucional (¿juicio político al Gobernador?); no tienen idea de lo que repiten”, reprocharon con visible enojo en las inmediaciones gubernamentales.

Omar Perotti convocó para el miércoles de esta semana a la oposición de diputados (los senadores esperan similar convite), a los fines iniciales de debatir medidas para combatir la crisis de la seguridad pública, que tal vez pueda no ser ajena a la Caja de Pandora que se está abriendo.

Radicales y socialistas aseguran que el tono de la conversación ya no será el mismo, e intuimos que el Gobernador prácticamente sería sometido a una petit interpelación en su propia casa.

¿Cómo continuar ahora?

A dos semanas de cumplir los dos años de mandato (y de ingresar a los dos de “pato rengo”), el Gobernador Perotti debería replantearse decididamente si esta mecánica que inaugurará el miércoles, (habrá que ver con quiénes y cómo) no sería la más apropiada para encauzar una relación política institucional que nunca fluyó por su curso natural. 

Buenos interlocutores no le faltan: el ministro de Gestión Pública Marcos Corach – a pesar de la comezón que le debe haber quedado después de la interpelación en Senadores – es un hombre que puede hablar con la oposición en términos de alta política. 

Roberto Mirabella no bajará al gabinete para cimentar su camino hacia la Casa Gris en el 2023 (“Roberto tiene otra idea de cómo construir su candidatura”, nos señaló un allegado al poder) pero bien podría mantener reuniones políticas oficiosas para aliviar la tarea de su amigo y compañero de mesa chica Corach. Y quien reemplace a Roberto Sukerman en Gobierno, mejor aun si viniere de la legislatura, también podría aportar su cuota de raciocinio político para rearmar los puentes rotos, a los fines de transitar ordenadamente hacia el decisivo 2023.