En un país económicamente liberal – que por cierto Argentina no lo es -  los asuntos comerciales entre privados se resuelven de acuerdo con lo que dicta la Ley de Concursos y Quiebras que prevé el concurso de acreedores, ofertas de pago, quitas; y si no hay acuerdo, quiebra, y otra empresa se queda, o no, con el negocio. Así es como funciona, a menos que la compañía resulte ser estratégica para los intereses nacionales en un mercado cautivo, y que merezca ser expropiada; definición que no alcanza a Vicentin.

El caso de la cerealera BDL que ya comenzó a cumplir con los acuerdos de diciembre 2019 con quienes firmaron el APE, es un ejemplo de ello.

Así es como se venía manejando el Caso Vicentin, dentro del marco de la Ley de Quiebras y Concursos, con los Estados santafesino y nacional oficiando, silenciosamente como corresponde, de amigables componedores entre “El Grupo” e interesados en formar parte del negocio con la forma jurídica que se adoptase, que bien podría haber sido un fideicomiso público (por YPF), privado (ACA era otra de las interesadas, y hasta Molinos Río de la Plata).

Hoy Vicentín, como dicen en el campo, “regalada es cara”. Porque el gobierno nacional decidió politizarla el 9 de junio, con un insólito y sorpresivo DNU de intervención “para su posterior expropiación a los fines de salvaguardar la soberanía alimentaria” (y los puestos de trabajo, los pequeños productores y etc.etc.) y “evitar la extranjerización” de una empresa señera en la región y una de las mayores exportadoras del país.

En ese momento escribimos que en verdad el gobierno aspiraba a manejar la usina de dólares que generaba Vicentin; dólares que de todos modos quedan en el país vía retenciones. ¿Entonces solo era una cuestión ideológica, transformando a la agroexportadora en caso testigo para disciplinar al resto del universo empresarial? Así lo entendió la sociedad que inmediatamente salió a las calles en todo el país en contra “del atropello a las libertades”.

Después, el Gobernador Perotti para enmendar el DNU presidencial propuso una nueva intervención, en este caso “ajustada a derecho”, con lo que sobrevino una maraña jurídica engorrosa de reseñar. 

El jueves pasado, el capítulo santafesino de “rescate” llegó a su fin luego de la segunda audiencia de conciliación entre la empresa y la Provincia de Santa Fe a través de la IGPJ (Inspección General de Personas Jurídicas) convocada dentro del marco de la Ley por el Juez del concurso Fabián Lorenzini. En estas páginas advertimos una semana antes de que fracasaría. 

Un día después, el viernes, con Vicentín a la deriva, limada socialmente y un horizonte incierto (salvo que haya otros intereses que desconocemos, pero no tardarán en aparecer) y a 9 días de finiquitar el plazo del suspendido DNU 522, el propio Presidente de la Nación, quien ya había reconocido que se equivocó con la intervención, decide dejarla sin efecto. 

Los confusos argumentos presidenciales no arrojan demasiada luz sobre los motivos; más bien les da la razón a quienes decían que el conjunto de los argentinos no tenían porque poner plata en una empresa privada, que estaba atravesando un proceso legal de concurso de acreedores: “No estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada, para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, afirma el Presidente en su marcha atrás. ¿Marcha atrás?

Ahora, a la justicia penal

El Presidente Alberto Fernández y el Gobernador Perotti tienen hoy día un punto de coincidencia: llevar a la justicia penal a directores de Vicentin, toda vez que en este incendio, de un modo u otro, ambos salieron chamuscados. Aunque políticamente el más perjudicado es el Presidente de la Nación con sus zigzagueos. 

En la presentación de la IGPJ ante el Juez de la causa solicitando “la intervención judicial y conformación de un Órgano de Intervención”, su titular María Victoria Stratta denunció que Vicentin S.A.I.C. ocultó empresas pujantes y diversas en el concurso preventivo de acreedores, simulando su estado de cesación de pago, y que a su vez habría utilizado su estructura en el exterior para remitir sus ganancias al extranjero”. Stratta puso la lupa en “al menos cuatro” integrantes del directorio de Vicentin, incluido el presidente (de la empresa) que, dice, comenzaron en febrero a “enajenar” su patrimonio por si les tocara responder ante demandas judiciales.
Una fuente política nos marcó el meridiano del caso: “Este es un tema entre Los Abrojos y el Instituto Patria, mejor no meterse”, recomendó.

Tensión política a dos bandas en la Provincia

A los intensos reproches en la última sesión de los senadores radicales Felipe Michlig y Rodrigo Borla, por lo que consideran atropellos y destratos institucionales, amén de discriminación por parte del oficialismo en sus territorios, que el senador peronista Alcides Calvo consideró como chicanas políticas; se le suma un escándalo que tal vez podría tener derivaciones políticas, por el accionar de dos fiscales rosarinos: Gustavo Ponce Asahad y su jefe Patricio Serjal, sospechados de cobrar coimas a un integrante de una banda dedicada al juego ilegal y extorsiones. 
El Fiscal Serjal ya tiene pedido de suspensión por parte de la Comisión de Acuerdos por otro delito, de tal manera que el diputado Maximiliano Pullaro le pidió al titular de la Comisión de Acuerdos Raúl Gramajo, que convoque con urgencia a un plenario para este martes.

Opinado aumento los empleados públicos

Luego de cinco meses de espera por la pandemia, los gremios estatales, comenzando por la docencia, se reunieron – vía teleconferencia - para tratar aumento de sueldos. Y las cosas no parecieran encaminarse a buen puerto.
Como señaláramos en esta columna, un aumento de cómo mínimo 18% le significaría a la Provincia desembolsar 12 mil millones de pesos extras desde agosto a diciembre. 

Todo indicaría que desde el gobierno van a ofrecer sumas fijas, argumentadas con la doble emergencia: fiscal y económica (los privados no tienen aumento). 
Con las sumas fijas el gobierno es el gran triunfador, toda vez que es el aumento salarial más barato (no impacta la antigüedad, título, la diferencia de categoría, los suplementos funcionales), lo que le permite licuar el gasto de personal en el año.

En el mes de junio, el gasto en personal de la Provincia fue solo un 21% mayor al de junio 2019, cuando la inflación entre junio 2020 y junio 2019 fue del 42%. De esta manera, lo que para los trabajadores es "pérdida de poder adquisitivo del salario", para el fisco es "licuación del gasto en personal".

El costo completo se lo comen los gremios, porque arrancan el año que viene con las pirámides salariales achatadas, y además las sumas fijas son un aumento engañoso en el bolsillo, porque se muestra el cargo del que recién empieza (sin antigüedad ni suplementos) con lo cual el gobierno llega a fin de año con el gasto en sueldos aumentando la mitad de la inflación.

Todo por efecto de la pandemia; gran disimuladora y sorprendente reveladora de estos tiempos.