(Por German Thalman) En enero de 2018, el Gobierno de Santa Fe promulgó la Ley Nº 13.675 que dispuso la creación de un Juzgado de Primera Instancia de Distrito con asiento en la ciudad de Sunchales y de competencia plena, es decir, con injerencia en lo civil, comercial y laboral.

El proyecto había sido presentado en mayo de 2016 por el senador Alcides Calvo considerando que la estructura judicial de la región se veía desbordada en su capacidad de dar soluciones a la cantidad de conflictos judicializados. La iniciativa fue impulsada y respaldada por los profesionales del derecho de la ciudad y avalada por el Colegio de Abogados de la 5º Circunscripción con base en Rafaela.

Según se argumentó, con el nuevo juzgado se podrían reducir los plazos de respuesta en las causas, como así también evitar que las partes y los profesionales intervinientes se trasladen a la ciudad de Rafaela, como sucede hasta ahora.

Desde ese momento hasta hoy, nada ha cambiado. En más de dos años, no hubo concursos de jueces ni de asistentes. Ni afectación presupuestaria para radicar el Juzgado. Solamente una remanida promesa de construir un Centro Cívico, en el actual emplazamiento de la Comisaría local, donde se albergarían todas las dependencias vinculadas con la justicia y la administración pública santafesina. Promesas y proyectos, sin recursos concretos.

Por estos días, el proyecto volvió a ocupar espacio en la discusión política local, en buena medida producto de la intervención de un grupo de letrados que reclaman la pronta puesta en marcha del nuevo Juzgado de Distrito, tal como lo indica la Ley.

Y paralelamente, por una controvertida propuesta del Ejecutivo municipal de destinar el 50 % del Plan de Obras Menores 2020 (unos 7 millones de pesos) para la construcción del Centro Cívico, habida cuenta de que la provincia difícilmente pueda financiar la obra con otros programas. ¿Hubo alguna vez un presupuesto provincial asignado a ésto?

Cuestión de prioridades 

La necesidad de que Sunchales cuente con un Juzgado de competencia plena no resiste discusión. Es un tema que aglutina total coincidencia, política e institucional. El desarrollo de la ciudad, su escala productiva y de negocios, y el dinamismo propio de nuestro pueblo merecen que la justicia santafesina salde, de una buena vez, la deuda que tiene para con Sunchales.

Aunque este Juzgado no esté directamente vinculado a cuestiones en materia de seguridad (se trata, como se dijo, de fueros civiles, laborales y comerciales), podría ser la puerta de ingreso para la radicación de la también prometida Fiscalía Adjunta.

A partir de la movida mediática, los legisladores rápidamente reaccionaron para activar el proyecto. En febrero, el senador Calvo ya había solicitado que el Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para cubrir la vacante del cargo de juez. Y ahora, tanto los diputados Pablo Pinotti y Gabriel Real elevaron reclamos que van en el mismo sentido. Sin dudas que esas deben ser las prioridades: Cubrir los cargos necesarios y asegurar el presupuesto para el funcionamiento óptimo del Juzgado. Un trámite burocrático que consumirá no menos de un año.

La discusión sobre su radicación quedaría en un segundo plano, ya que provisoriamente, la dependencia bien podría funcionar en un edificio alquilado, como tantas otras delegaciones lo hacen actualmente. Un Juzgado no es un edificio sino una institución.

Afectación de Obras Menores

El pasado 12 de mayo, el Departamento Ejecutivo municipal giró al Concejo un proyecto de Ordenanza solicitando autorización para gestionar ante el Gobierno Provincial la suma de $ 7.886.082,78 -equivalente a la mitad de la asignación del Fondo de Obras Menores para el año 2020– a fin de destinarlos a la concreción proyecto Centro Cívico Ciudad Sunchales, emplazado en Belgrano y Urquiza.

La propuesta ya ha generado debates entre las distintas fuerzas políticas y seguramente será eje de nuevas polémicas en las próximas semanas. ¿Es pertinente que el municipio local destine recursos que habitualmente se utilizan para el mejoramiento de la infraestructura barrial y otros servicios públicos para construir o refaccionar un edificio que es propiedad del Gobierno de la provincia de Santa Fe, como una escuela o un hospital? ¿Hay antecedentes similares en otras localidades del territorio provincial? ¿Debe priorizarse esta obra por sobre otras urgencias de saneamiento básicas no cubiertas, como cloacas, cordón cuneta o tratamiento de residuos? ¿Son suficientes esos recursos o quedaremos a mitad camino, como cuando se derrumbaron los calabozos sin certeza de cómo seguiría la obra?

Es cierto que habitualmente el Estado local asigna fondos propios para cubrir competencias de otros niveles, como la seguridad, la educación o la salud. Pero ideas como éstas son novedosas.

En situaciones normales –sin pandemia ni estado de emergencia sanitaria y económica-, estos proyectos deberían canalizarse a través de otras figuras del ministerio de Justicia o del Poder Judicial, como se hizo, por ejemplo, en la localidad de San Cristóbal, con una modernísima sede para temas jurídicos. Pero ante el nuevo escenario, está claro que gestionar ante la provincia va a ser una tarea muy espinosa. La ventanilla más rápida y segura para hacerse de recursos será este Fondo de Obras Menores, aunque su objeto diste bastante del que pretenden asignarle.

Además, para que prospere esta idea, habrá que resolver otros escollos. Primero, que la provincia convalide esta idea (en principio, no habría inconvenientes puesto que les evita erogar fondos de otros flacos presupuestos). Y segundo, poner al día los dos desembolsos de Obras Menores que todavía están pendientes de rendición. El de 2018 porque el municipio no terminó de cumplir con la rendición correspondiente y el de 2019, porque supuestamente, la provincia nunca giró los fondos (Si los papeles están en orden, en breve se podría poner al día con el flamante Programa de Asistencia a Municipios y Comunas).

Pesará aquí una decisión política para “saltear” los proyectos anteriores, pero en ningún caso se podrá esperar que la plata se envíe, cuanto menos, antes de fin de año. Entonces, a contener la ansiedad.

La nueva Comisaría, ante todo

Tan dilatado como el proyecto del Juzgado viene la construcción de la nueva Comisaría, en barrio Colón. Aunque se trata de gestiones individuales, ambas causas están emparentadas, y no solamente por ser promesas incumplidas durante varios años.

Si por fin se acordara avanzar con la remodelación del Centro Cívico - independientemente de su forma de financiamiento -, es primordial tener construida de antemano la nueva Comisaría, puesto que ambas dependencias no pueden coexistir en un mismo edificio.

La reciente visita del secretario de Gestión Institucional y Social del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, daría indicios positivos para pensar que el proyecto se podría materializar pronto. Y no estaría de más pedir que se jerarquice aún más esta nueva sede policial, acorde con las necesidades de la ciudad. Dos años después del primer anuncio, se siguen esperando respuestas.

El Conglomerado Judicial

El anuncio del municipio de construir el nuevo Centro Cívico y agrupar todas las dependencias judiciales (Juzgado de Distrito de Fuero Pleno, Fiscalía adjunta, Defensoría Pública y Centro Territorial de Denuncias) tiene buen sonido. Pero no hay que dejar de ser prudentes para analizar más allá de los títulos y los vistosos renders de diseño.

Una buena salida debería basarse en el acuerdo político e institucional,  amplio y sin mezquindades ni operaciones, que incluya a los distintos poderes del Estado nacional y provincial y a la delegación del Colegio de Abogados. Si prospera la idea de asignar el 50 % del Fondo de Obras Menores para la construcción del “Conglomerado Judicial de Sunchales”, bien podría la provincia “compensar” este gesto, atendiendo urgentemente otras demandas.

En orden de prioridades: designar el Juez y su equipo de trabajo, dotar de recursos para el funcionamiento del juzgado, construir la nueva sede policial y afectar recursos para un buen accionar, tanto en materia de seguridad como de justicia para nuestra ciudad. Y en todos los ámbitos, postergar las promesas hasta que por fin se muestren resultados concretos.

FUENTE: http://pidolapalabraweb.com.ar/