Legisladores de la Comisión de Derechos y Garantías recibieron la pasada semana a integrantes del grupo Hipotecados UVA Autoconvocados de Santa Fe, que habían solicitado una audiencia para exponer la situación que atraviesan a raíz del aumento de las cuotas de los créditos que tomaron para comprar una vivienda familiar.

Encabezó el encuentro Lionella Cattalini (presidenta la Comisión de Derechos y Garantías), quien estuvo acompañada por Claudia Balagué, Carlos Del Frade, Gabriel Real, Nicolás Mayoraz, Amalia Granata, Matilde Bruera, Mónica Peralta, Marlén Espíndola, Bettina Florito, Georgina Orciani y Agustina Donnet.

Tras la reunión, Cattalini remarcó que el encuentro expresó “el acompañamiento de todo el arco político de la Cámara de Diputados a los deudores afectados” y permitió “entender la magnitud del problema que están atravesando como consecuencia de una medida impulsada por un gobierno nacional totalmente insensible y que terminó su mandato sin brindarles una solución”, apuntó la diputada, quien previamente había ofrecido el ámbito de la comisión a los damnificados para analizar su situación.

“Es nuestra responsabilidad poder acompañarlos e impulsar soluciones que los ayuden a salir de este sistema perverso. En ese sentido, trabajamos sobre la media sanción que ya tiene en Diputados una norma que prohíbe las ejecuciones de créditos UVA por el término de un año, y avanzamos sobre la necesidad de dialogar con los senadores y el Ejecutivo provincial para que la iniciativa pueda tratarse rápidamente y ser incluida en el período de sesiones extraordinarias”.

Al respecto, Balagué destacó que “Santa Fe es la primera provincia que tiene una ley con media sanción en esa dirección y que está siendo tomada como ejemplo por otras en cuanto a evitar la ejecución de las viviendas”.

La legisladora precisó, además, que desde la Comisión de Derechos y Garantías propusieron “incluir en esa misma iniciativa, dos casos que no habían sido tenidos en cuenta: los créditos para vehículos familiares y para la segunda vivienda con finalidad familiar”, adelantó.

“Hay una cantidad enorme de familias, se estima que son 105 mil en todo el país, que hoy se encuentra ante incrementos muy importante de las cuotas, que las vuelve impagables al mismo tiempo que el capital se incrementa permanentemente y hace que las propiedades alcance valores irreales con respecto a los del mercado”, añadió Balagué.

“Se requieren acciones concretas para salvaguardar el derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental de los ciudadanos tratándose de vivienda familiar y única en la mayoría de los casos, y para que estas políticas públicas que fueron erradas y terminan beneficiando siempre a los mismos, que son los bancos, puedan frenarse, repensarse y adecuarse a las necesidades de la gente”, concluyó.