Espionaje ilegal: la provincia pide ser querellante en la causa que apunta a Sain
El gobernador Omar Perotti instruyó al fiscal de Estado santafesino, Rubén Weder para que la provincia se constituya como querellante en la causa por presunto espionaje ilegal que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) lleva adelante contra el ex ministro de Seguridad y ex integrante del Organismo de Investigaciones (OI), Marcelo Sain.
Según deslizaron al medio rosarino, la decisión implica "dejar de mirar desde afuera" la causa que roza a Sain, quien la semana pasada criticó al Ejecutivo provincial por no respaldarlo políticamente.
“Resulta menester resguardar el accionar no sólo de los poderes estatales involucrados en la causa prealudida, sino además el resto de las personas que puedan -eventualmente- estar involucradas en la misma”, precisa el decreto provincial.
En ese sentido, consideraron que “es condición fundamental para una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres e instituciones que la paz y la seguridad jurídica coadyuven a la confianza legítíma de la comunidad en sus organizaciones públicas, y que se respeten los derechos y obligaciones incursos para lograr una anhelada seguridad jurídica”.
“Atento los intereses públicos comprometidos toman necesaria esta decisión con el firme propósito de lograr un esclarecimiento definitivo de los hechos investigados”, precisó el decreto que lleva la firma del gobernador provincial.
El origen de la causa surgió a partir de una serie de allanamientos sorpresivos llevados a cabo el pasado 26 de noviembre de 2021 en las sedes de Rosario y Santa Fe del Ministerio de Seguridad, situación que provocó la renuncia del otrora secretario de Seguridad Germán Montenegro y del resto de los funcionarios de la cartera que actualmente dirige Jorge Lagna.
En ese entonces también dejaron el cargo Maximiliano Novas (secretario de Coordinación Técnica y Administrativa), Emiliano Mongia (subsecretario de Prevención y Control Urbano), Pablo Alvarez (subsecretario de Investigación Criminal), Diego Llumá (subsecretario de Seguridad Preventiva), Carla Pecorini (directora provincial de Centros Territoriales de Denuncias) y Federico Llumá (director de Comunicaciones). También dejaron el cargo Ramiro Cortese (asesor), Diego Rodríguez (subsecretario de Control), Nadia Schujman (asesora) y Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal).
Las renuncias fueron resueltas ante la crisis generada por el anuncio de la investigación en curso por maniobras ilegales supuestas en la recolección de información. Aunque los funcionarios ya habían puesto a disposición sus renuncias previamente al gobernador, en el contexto de la difusión de una fuerte disputa interna entre este sector que se referenciaba en Sain y el que encabeza Lagna.
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