Tiene 33 años y fue identificado como Gonzalo Javier Z.. Se le impusieron tres años de prisión de cumplimiento condicional y deberá pagar una reparación económica de 500.000 pesos a la víctima, que también es policía. La fiscal Gabriela Lema estuvo a cargo de la investigación.
Judiciales 25 de marzo de 2024 MPA
Un empleado policial de 33 años identificado como Gonzalo Javier Z. fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional por haber cometido hechos ilícitos en un contexto de violencia de género en Tacural (departamento Castellanos).
La fiscal Gabriela Lema, perteneciente a la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional 5, representó al MPA en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos en el que se impuso la pena. Por su parte, el juez Gustavo Bumaguin fue el encargado de dictar la sentencia.
“En el mismo juicio abreviado se dispuso que el condenado realice una reparación económica de 500.000 pesos a la víctima –que también es policía– por el daño que le causó. Además, se le impuso una prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier medio –incluso a través de otra persona–, tanto con la víctima y como con su madre”, informó la fiscal.
La fiscal Lema indicó que “el jueves 15 de febrero de este año, aproximadamente a las 21:30, el condenado fue a una casa ubicada en calle San Martín al 600 de Tacural, donde estaba cenando la víctima”.
Relató que “a los gritos, y en un estado de marcada exaltación, engañó a su pareja para que se retire del lugar en el que estaba y vaya a su casa, donde previamente el imputado había ingresado sin autorización y dañó pertenencias de la mujer”.
“Una vez que fueron a la vivienda de la mujer, G.J.Z. volvió a entrar sin autorización, cerró la puerta con llave y la retuvo en su poder”, detalló la fiscal. “La víctima advirtió que le faltaba dinero y se lo reclamó. Él la agredió físicamente, la intimidó con su arma reglamentaria, le apuntó a la cabeza y le exigió que no tuviera contacto con otro hombre, porque si lo hacía, la mataría a ella y luego él se suicidaría”, precisó la fiscal.
Lema argumentó que “dos días después, y en un notorio contexto de violencia de género, G.J.Z. volvió a ir a la casa de la mujer para verificar que no hubiera otra persona en el lugar”.
“Finalmente, el domingo 18 de febrero, el condenado retornó a la vivienda, nuevamente ingresó sin autorización, agredió verbal y físicamente a la mujer, mientras le reprochaba que ella tenía otra relación”, remarcó la fiscal. “Como consecuencia de esa acción, la víctima resultó con lesiones en diferentes partes de su cuerpo”, concluyó.
Lema culminó diciendo que “el empleado policial condenado actuó en un contexto de violencia de género en el que se evidenció una clara desigualdad de poder entre él y la víctima, a quien le restringía la libertad de relacionarse con otras personas, la privaba de su libertad personal y ejercía violencia económica, psicológica y física”.
Gonzalo Javier Z. fue condenado como autor de los delitos de coacciones agravadas (por el uso de arma), violación de domicilio reiterada, lesiones leves dolosas agravadas (por la violencia de género y ser pareja) reiteradas y privación ilegítima de la libertad agravada (por el empleo de violencia y amenazas), todos hechos cometidos en un contexto de violencia de género.
El condenado y su abogado defensor aceptaron la decisión de abreviar los procedimientos del juicio. Asimismo, el imputado admitió su culpabilidad y responsabilidad en los hechos que se le atribuyeron, aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, la pena que se le impuso, la regla de conducta y la reparación del daño causado.
Por su parte, la víctima manifestó su conformidad respecto al procedimiento abreviado y las condiciones del mismo.
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La medida cautelar fue dispuesta por el juez Gustavo Bumaguin, a raíz de lo solicitado por la fiscal Gabriela Lema. El imputado tiene 33 años y sus iniciales son GJZ. “Le restringía a la víctima la libertad de relacionarse con otras personas, la privaba de su libertad personal y ejercía violencia económica, psicológica y física”, sostuvo la funcionaria del MPA en la audiencia.
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