En una causa llena de “ruidos” políticos y de gran trascendencia pública, con 3 exjefes de la Regional V detenidos y la sospecha de una connivencia de poderes del Estado con la actividad ilegal, para la Fiscalía Regional fue un cambio destinado a “equilibrar la carga de trabajo”.
Judiciales 15 de diciembre de 2020 Castellanos de Rafaela
En el marco de una estricta reserva, el fiscal general de la Provincia, Jorge Baclini, dispuso apartar de la investigación de las redes de juego clandestino que operaban en Rafaela y la región al fiscal Martín Castellano, de la Unidad Fiscal 5 con asiento en Rafaela, y dejar al frente de la tarea a los doctores Guillermo Loyola y Carlos Vottero.
Si bien éstos son considerados los más experimentados en el manejo de causas difíciles, principalmente en la investigación de homicidios de gran resonancia –Vottero encabezó la investigación por el asesinato de la exdirectora de la Escuela Rivadavia, Nelly Zárate; así como la pesquisa por el doble homicidio de Frontera que derivó en el envío a la justicia federal por constituir un doble crimen narco; en tanto que Loyola acumula en su haber el esclarecimiento de una importante cantidad de muertes violentas ocurridas en Rafaela y localidades vecinas-, el apartamiento de Castellano parece una concesión al poder político.
Como se recuerda, el ministro de Seguridad Marcelo Saín cuestionó la labor de Castellano, aduciendo que “hizo falta que investigaran fiscales rosarinos” para comenzar a desmantelar la red cuyo comando se adjudicó al fallecido David Perona. Luego de unos primeros allanamientos concretados por orden de la Justicia rosarina, se activaron otros procedimientos que terminaron con más de una docena de procesamientos, entre ellos el del propio Perona –a quien se consideró jefe de una asociación ilícita dedicada a explotar el juego clandestino, entre otros delitos, aunque la muerte del imputado extinguió la acción penal-, y la prisión preventiva a cinco policías. Cuatro de esos policías estaban retirados, y tres fueron exjefes de la Regional V. A todos se los acusó de brindar protección a la red de Perona a cambio de jugosas sumas de dinero.
Para Saín, la supuesta lentitud del Dr. Martín Castellano en dar agilidad a la investigación y obtener resultados –concretamente, en ordenar allanamientos- merecía una atención especial de Baclini. Ahora el fiscal general parece darle la razón, en medio de una pulseada dentro del poder político –con una gravísima crisis institucional de por medio- y entre los tres poderes del Estado que también involucra al Ministerio Público de la Acusación.
Reserva
Lo cierto es que, cualquiera sea el argumento de Baclini para forzar tan importante cambio – Castellano contaba también con un respaldo implícito del fiscal regional Diego Vigo -, el tema se mantuvo en reserva. A pedido de este Diario, desde la Fiscalía Regional se confirmó el cambio, indicando que las variantes de este tipo “son habituales a los fines de equilibrar la carga de trabajo”. Además, se informó que ya en la audiencia de apelación que tres de los imputados hicieron actuaron los nuevos fiscales responsables.
Había sido presentada por los abogados defensores en representación de los hermanos Spaggiari en contra de la resolución de Segunda Instancia que confirmó la prisión preventiva y la inhibición impuesta.
El imputado es Domingo Roberto M. y está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por ser la víctima menor de 18 años y por tener la responsabilidad de cuidarla. La fiscal Gabriela Lema solicitó una pena de 12 años prisión.
La resolución fue dictada por el juez de Apelaciones, Sergio Alvira. Avaló lo actuado en primera instancia por el magistrado Gustavo Bumaguin y rechazó el pedido de excarcelación formulado por las defensas.
La misiva respaldada también por la Familia Policial del Departamento Castellanos y vecinos de Sunchales, se refiere al juicio oral que comenzará este martes 16, a las 8:00, en los Tribunales de Rafaela donde se imputa de torturas y encubrimiento a ocho trabajadores policiales. Fuerte cuestionamiento a la Fiscal del caso.
Tiene 33 años y fue identificado como Gonzalo Javier Z.. Se le impusieron tres años de prisión de cumplimiento condicional y deberá pagar una reparación económica de 500.000 pesos a la víctima, que también es policía. La fiscal Gabriela Lema estuvo a cargo de la investigación.
El Tribunal integrado por los doctores Gustavo Bumaguin, Nicolás Stegmayer y José Luis Estévez, a pedido de las partes, decidió suspender hasta el 22 de abril, a las 8:00, el juicio oral y público que comenzó en la mañana de este martes.
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El subsecretario de Seguridad Ciudadana y Convivencia explica que la denuncia de los delitos y la participación en el programa Ojos en Alerta, donde el vecino, a través del whatsapp, puede informar sobre cualquier situación sospechosa que observe, permite que las fuerzas de seguridad sean más eficiente en el combate contra la inseguridad.