A pesar de las quejas, la mayoría de los acreedores aceptan la propuesta de SanCor

Empresas 30 de enero de 2018 Por
"Peor es recibir nada" afirman algunos de los acreedores que fueron resignados a firmar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) a las tres Escribanías de Sunchales que tuvieron una intensa labor en las últimas semanas. La homologación judicial es fundamental para que la cooperativa láctea pueda constituir una nueva sociedad con un inversor estratégico. Las negociaciones están muy avanzadas con Fonterra y el desembolso que efectúe por su participación accionaria será destinado a pagar las compromisos asumidos en la propuesta.
APE CONFORMIDAD-2

La propuesta de la cooperativa láctea ha sido formulada a los acreedores que no gozan de ninguna garantía particular para la recuperación de su deuda y que estaban pendientes de pago hasta el 31 de diciembre de 2017. Han quedado fuera de ese acuerdo organismos fiscales como AFIP y de seguridad social como ANSES. La oferta también incluye a los acreedores privilegiados del inciso 2 del artículo 246 de la Ley de Concursos y Quiebras, correspondiente a deudas con organismos nacionales, provinciales o municipales.

Para quienes prestaron su conformidad, aceptaron que SanCor pague los primeros $150.000 o la cifra menor a la que ascendiere el crédito, íntegramente en la Fecha de Cierre; mientras que solo recibirán el 40% del excedente, en caso de que lo hubiere. Cuando se menciona la fecha de cierre, la empresa aclara que estima unos 60 días hábiles luego de quedar firme la resolución judicial que hubiera homologado el APE.

El Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) es, probablemente, la mayor ayuda que dio el Gobierno nacional para que el sector privado reestructure sus deudas. Después de la última modificación a la Ley de Quiebras que se aprobó en 2002, el APE quedó configurado como un mecanismo que permite a un deudor llegar a un acuerdo privado con cierta mayoría de los acreedores y, previa homologación judicial, hacerlo obligatorio para todos los acreedores. Actualmente, la Ley requiere una doble mayoría: dos tercios del capital y 50% más uno del número de acreedores.

Si bien a los productores de leche se les debe sumas considerables, la deuda está tan atomizada que parecería ser más manejables que con los grandes proveedores u organismos financieros, donde en algunos casos el pasivo asciende a 9 cifras en pesos, como es el caso de una multinacional especialista en soluciones de envasado. Incluso, un porcentaje importante de los tamberos ya no proveen a la usina láctea o solo hacían una entrega en el mes para no quedar fuera del sistema, en caso de arribar a una solución. Una alta fuente de la cooperativa deslizó que con los proveedores más importantes las negociaciones habrían llegado a buen puerto, probablemente porque el desembarco de Fonterra les garantice mantener las operaciones comerciales.

Para SanCor es clave la homologación judicial para torcerle el brazo a los más díscolos. Y porque es una exigencia de la compañía multinacional neozelandesa, líder mundial de productos lácteos y el mayor exportador de lácteos del mundo.

También trascendió que la AFIP le otorgaría un plan de pago con plazo a 20 años y una tasa bonificada, haciéndose cargo la nueva sociedad.

Otro de los puntos trascendentales en la nueva sociedad es la recuperación del negocio de yogures, flanes y postres que hoy posee Alimentos Refrigerados S.A., donde Vicentín Family Group posee el 90% del capital accionario luego de desembolsar 100 millones de dólares. Según trascendió, Fonterra está terciando en la negociación y estarían muy avanzadas aunque el valor de ARSA sería la brecha que alimenta la grieta para cerrar la operación. Vicentín habría valuado la unidad de negocio en 150 millones de dólares, mientras que la neozelandesa la habría tasado en 40. Para los compradores, la pérdida de mercado y una capacidad logística menor justifican la notable diferencia. Recordemos que la conformación de ARSA incluyó activos tangibles e intangibles de esa línea de productos, tales como las unidades operacionales industriales de Córdoba y Arenaza (ésta última ubicada en la provincia de Buenos Aires), y las fórmulas y marcas de productos elaborados en esas instalaciones; entre ellas, Shimy, Yogs, Sublime, Flan Casero y Primeros Sabores.

En el anexo A de la propuesta, SanCor aclara que la conformidad de los acreedores lo autoriza a realizar todos los actos necesarios para poder concretar el acuerdo con el inversor estratégico (no menciona a Fonterra), donde inicialmente participará con el 10% de la nueva sociedad, mientras que el resto del capital accionario será para el flamante socio, luego de abonar una suma de dinero de donde saldrán los fondos para cumplir con los compromisos asumidos en el APE. Posteriormente, SanCor aportará o transferirá a la nueva sociedad, en el modo en que acuerde con el Inversor estratégico, bienes y activos de su propiedad, incluyendo plantas industriales, ciertas marcas y logos, los inventarios a la fecha de cierre, ciertas participaciones accionarias y otros activos.

También incluye la transferencia de su participación societaria en AFISA, obteniendo la autorización de los asociados el viernes 12 de enero de 2018, a través de una Asamblea Extraordinaria, donde se aprobó avanzar en las negociaciones para vender - a su actual socio - la totalidad de su tenencia accionaria en Arla Foods Ingredients S.A. (AFISA).

Finalmente, SanCor aclara que conservará en todo momento, incluyendo durante todo el trámite del APE y de su cumplimiento, la libre administración y disposición de sus negocios y bienes, no conformándose Comité de Acreedores.

Jorge Tribouley

Director

Te puede interesar