Megacausa: Nueve detenidos y dos en libertad bajo fianza

Provincia 17/10/2016
La audiencia insumió quince horas y desbordó de público. La jueza Mónica Lamperti impuso prisión efectiva a la mayoría de sospechados.

Las once personas detenidas en el marco de la causa por estafa y lavado de activos por primera vez hicieron oír su voz en la audiencia del martes 18 en Tribunales. Los dichos más relevantes fueron las declaraciones de Marcelo Basilio Jaef y Jorge Oneto, los dos empresarios de mayor solvencia económica, y de Pablo Abdala, el gerente general del diario La Capital a quienes los acusadores les atribuyeron vinculación con las maniobras denunciadas. Los imputados proclamaron su inocencia y afirmaron que su patrimonio tiene un origen lícito.

En ese contexto, seis de los imputados quedaron detenidos con prisión preventiva efectiva hasta el 12 de diciembre: Juan Roberto Aymo, Maximiliano González de Gaetano, Leandro Pérez, Eduardo Martín Torres, Marcelo Basilio Jaef. Por su parte Jonathan Zárate y Jorge Oneto estarán detenidos durante 30 días.

En tanto, dos de los acusados quedaron en libertad bajo fianza de 800 mil pesos: el escribano Luis Kurtzemann (hijo) y el empresario Pablo Abdala, gerente de La Capital. Ambos tienen prohibición para salir del país, deberán fijar domicilio y presentar garantes, además de estar obligados a presentarse cuando la Fiscalía lo requiera.

Por su parte, Ramona Rodríguez continuará con prisión domiciliaria hasta el 12 de diciembre. Y hasta ayer permanecía prófugo Tránsito Retamar Portillo.

Inicio. A partir de las 9:00 de ayer los pasillos del primer piso de los Tribunales provinciales se poblaron de familiares de los imputados, periodistas y hasta abogados penalistas que no tienen participación en el caso. Una hora después los once acusados comenzaron a declarar ante la jueza Mónica Lamperti. Según la acusación del fiscal jefe de Delitos Económicos Sebastián Narvaja, la red delictiva estaba estructurada como una trama ramificada en células con capacidad de actuación autónoma, que mantenían un fin común.

Para el fiscal la banda tenía dos facetas. Por un lado, la ejecución de fraudes reiterados con propiedades de las que se apoderaban ilegítimamente y las inscribían en el Registro de la Propiedad con documentación falsa para luego darles apariencia legal e introducirlas en el mercado pasándolas de mano en mano a través de ventas. Por otro, el grupo tenía la capacidad para procesar flujos financieros provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas y luego aplicarlos a operaciones con el fin de que adquirieran apariencia de legalidad y obtener ganancias.

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